El fraude a la Constitución

Retumba en el país como un grito de esperanza, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera unánime declaró inconstitucional la ampliación del mandato de dos a cinco años, del Gobernador Jaime Bonilla de Baja California y decretó su invalidez.

El señor Bonilla se postuló como candidato de Morena a Gobernador en un proceso en el que el órgano electoral, con fundamento en las leyes locales, convocó para un cargo cuya vigencia sería por dos años. Durante el proceso electoral nada dijo de su intención golosa de ampliar el período, hasta que obtuvo el triunfo en las urnas.

Una vez declarado Gobernador electo, con el mareo que produce la amplia mayoría que obtuvo, se le hizo poco el período de dos años, y promovió la reforma para ampliarse hasta cinco y tal propuesta, respaldada por una amañada encuesta, sospechosamente fue apoyada por la Legislatura local, que le obsequió tres años más, con total desprecio por la democracia y el estado de derecho.

Esta circunstancia no fue debidamente atajada por las instancias políticas nacionales, ni por el propio gabinete presidencial, y se constituyó en un grave presagio de lo que sucede cuando se anidan los apetitos de poder.

Esto alertó y preocupó no sólo a la ciudadanía de ese Estado, sino de toda la República, que no dejó de darle seguimiento al cauce que siguió hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que para descanso nuestro, emitió una resolución que hará historia por sus consideraciones en torno al pleno respeto a las instituciones jurídicas y al estado de derecho que nos hemos dado los mexicanos en nuestro trayecto histórico, particularmente hablando de la democracia y los principios de legalidad y de certidumbre jurídica.

La decisión de la Suprema Corte es trascendente no sólo por ser un rotundo revés a la irresponsable actitud de los legisladores de Baja California, sino por que reafirma que nuestro camino es la ruta democrática; el respeto a las leyes y las instituciones, y el resguardo del interés general sobre el particular.

El Ministro Presidente Arturo Saldívar, argumentó que con esta burla, el Congreso de Baja California cometió un fraude a la Constitución, y en tal virtud, creo que de esta consideración deberán desprenderse acciones que sancionen a los legisladores que perpetraron esta burda maquinación. ¡Papel digno el de la Corte!