El destino de las comisiones de derechos humanos

Del modelo sueco, pronto se expandieron por el mundo en la década de los noventa, los entonces llamados ombusman o defensores del pueblo.

Eran algo así como los nuevos paladines en defensa de los derechos humanos y un nuevo distintivo de los países democráticos.

En nuestro país, ya habían existido encomiables esfuerzos en la creación de organismos públicos en defensa de derechos humanos, para comenzar la ley de la Procuraduría de Pobres promovida por Ponciano Arriaga en 1847 en San Luis Potosí, abogado y político con una gran visión humanista que fue diputado por Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas.

Esa ley a la vez que no deja de ser un antecedente de las actuales comisiones, fue tan importante que tuvo trascendencia mundial.

No puede dejar de mencionarse la Procuraduría del Consumidor creada en los años setenta y muy vigente todavía. Hubo otros organismos para defender los derechos humanos, sin embargo, su dependencia del poder ejecutivo, limitaba su actuación.

En los tiempos de Carlos Salinas de Gortari se creó el organismo que fue bautizado con el nombre de Comisión Nacional de Derechos Humanos, fruto de una decisión política para acallar las atrocidades policiacas, entre otras violaciones, que cumplió muy bien su cometido.

Lo esencial es  que  desde 1999 se trata de un órgano autónomo del estado mexicano.

Como país centralista que no hemos dejado de ser, en las entidades federativas se hicieron las correspondientes  réplicas.

La Comisión Nacional tuvo un arranque exitoso, no sólo por los asuntos que resolvió sino por el desarrollo de la cultura sobre los derechos humanos que realizó  Jorge Carpizo, su primer presidente y que dio prestigio a la institución, lo que generó respeto y una gran aceptación por parte de la ciudadanía, que conservó por algunos años.

Sus resoluciones, aunque no vinculantes, por la fuerza moral que irradiaba, se obedecían.

Los poderes judiciales vieron con recelo a esas comisiones, pues aunque sus decisiones no son vinculantes, también tienen competencia sobre ellos cuando hay violación a los derechos humanos en el curso de los procesos judiciales, excluyendo las sentencias. De cualquier forma, su creación evidenció cierto ineficacia de los juzgadores.

En los estados las comisiones, con excepciones, no han brillado por una defensa real de los derechos humanos.

Con el tiempo las comisiones se han burocratizado, si no es que plegado a los designios de los ejecutivos, de modo tal que poco se sabe de ellas, si no es cuando se designa a los titulares, por lo politizado de la cuestión.

Tal parece que esos organismos no evolucionaron al nivel de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la más importante quizá desde que se promulgó nuestra carta magna, porque pone en el centro de todo actuar del estado a la dignidad humana, reforma que incluso les dio más facultades. Se ha perdido así la oportunidad de asumir un papel protagónico en la promoción y defensa de los derechos humanos, que esperamos  renazca.

Ahora vemos cómo en el senado de la república se ha ratificado para un periodo más a Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la Comisión Nacional, impuesta por López Obrador en el primer periodo de su gestión y que ha sido cuestionada no sólo por sus pobres credenciales, más allá de ser hija de Rosario Ibarra de Piedra, símbolo de la lucha por los desaparecidos, sino por su pésimo desempeño.

La presidenta de la república dijo escuetamente sobre la designación, que así lo decidió el senado, frase que en política tiene muchas lecturas, la primera, que no era su candidata ni su responsabilidad.

Vaya usted a saber qué hay detrás de tan polémica designación, que al haber sido tan desaseada, da pie a todo tipo de conjeturas, hasta aquella que sostiene que el que está en Palenque maniobró para la reelección.

Lo que sí es posible concluir es que se eligió a la más pésimamente evaluada y cuestionada por organizaciones de derechos humanos por su pobre desempeño en la gestión que concluye. Tropezamos con la misma piedra, dijo una periodista.

Los líderes de las cámaras en coincidencia sostuvieron que fue una decisión de estado, lo que oscurece más los motivos de la designación y dan por sentado que no valen los argumentos en contra, incluso de sus propios correligionarios, a la cabeza nada más ni nada menos que del saltimbanqui senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia. Hágame usted el grande favor.

Esos hechos tan lamentables, pueden dar lugar a réplicas en los estados.

En esas condiciones, si las comisiones no se ponen a la altura de lo que manda la constitución, se convertirán en dependencias de mero trámite y sin presencia real en la defensa de los derechos humanos. Yo espero que esto no sea su destino.

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