Debo decirlo… Notario mejor preparado, no el mejor asignado

En un verdadero Estado de Derecho, las leyes se construyen para proteger a la ciudadanía, fortalecer a las instituciones y asegurar que el poder se ejerza con límites, técnica y responsabilidad. Cuando una ley se aparta de esos principios, no solo es válida la crítica, sino necesaria la defensa jurídica, porque lo que está en juego no es un interés individual, sino la confianza pública.

La reciente reforma Fast Track a la Ley del Notariado en Zacatecas representa un retroceso preocupante que evidencia una deficiente técnica jurídico-legislativa. No se trata de una disputa gremial ni de una postura política; se trata de la calidad del servicio notarial y de la certeza jurídica que el Estado debe garantizar a la sociedad. El notariado no es una concesión discrecional, sino una función pública especializada que exige preparación técnica, experiencia comprobable e independencia.

Por ello hoy lo decimos con claridad: el acceso a la función notarial debe sustentarse en exámenes de oposición previos, rigurosos y objetivos, que evalúen conocimientos jurídicos, experiencia práctica y aptitudes éticas. La fe pública no admite improvisaciones ni aprendizajes posteriores; debe otorgarse únicamente a quien haya acreditado, de manera previa, estar plenamente preparado para ejercerla.

La reforma aprobada en Zacatecas rompe con ese principio elemental al permitir que la patente notarial se conceda sin haber acreditado previamente una formación integral, trasladando la capacitación a una etapa posterior. En términos simples, se otorga primero la fe pública y luego se pretende formar al fedatario, lo cual debilita los estándares profesionales y pone en riesgo actos jurídicos que inciden directamente en el patrimonio, la familia y los derechos de las personas.

Este problema se agrava por una omisión particularmente grave: la reforma se realizó sin consultar al gremio notarial ni al Colegio de Notarios, que por su naturaleza es el órgano técnico encargado de la formación, actualización y autorregulación profesional. Excluir al Colegio del proceso legislativo no solo empobrece el debate, sino que desconoce su experiencia acumulada y su función como garante de la calidad y ética del ejercicio notarial.

No se presentó un diagnóstico serio que justificara la modificación legal, ni estudios técnicos que demostraran que el problema del servicio notarial radique en el número de notarios o en los mecanismos de evaluación existentes. Legislar sin sustento técnico y sin diálogo con quienes ejercen la función pública notarial debilita la ley y genera incertidumbre jurídica.

Por todo ello, anunciamos con responsabilidad que iniciaremos una lucha jurídica institucional contra esta reforma. Será una defensa técnica, pacífica y firme, orientada a restablecer el principio de mérito, la preparación previa del notario, la participación del Colegio de Notarios y la igualdad en el acceso a la función notarial.

Porque cuando se debilitan los mecanismos de formación, evaluación y consulta, no se afecta a un gremio en particular: se pone en riesgo la confianza de la sociedad en la fe pública.

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