Anticorrupción en Zacatecas

Hace tres días, los presidentes de cuatro organizaciones del empresariado zacatecano señalaron públicamente a quienes integramos el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas (SEA) porque consideran que, en particular, el comité no informa a la ciudadanía a la que representa de los trabajos que en su nombre lleva a cabo para combatir este fenómeno y al SEA en general porque estiman que “a casi dos años de que está completo éste no ha dado resultados”.

Si partimos del concepto de que la corrupción es un fenómeno que puede definirse como la apropiación de un bien público (dinero, bienes, beneficios, justicia, información) que se vuelve indebidamente privado, celebro el reclamo porque viene de quienes representan a organizaciones ciudadanas que colaboraron activamente en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, que seguramente desean su buen funcionamiento y su interés los compromete tácitamente; sin embargo, al mismo tiempo, el reclamo no los inmuniza de posibles responsabilidades porque la corrupción es un fenómeno bidireccional.

Los señores presidentes de CANACINTRA, CANACO, CMIC y COPARMEX verbalizan la impaciencia que tenemos los ciudadanos de todo el país porque las groseras tasas de corrupción, opacidad e impunidad que imperan en el país se vean abolidas porque creen que, lo que hemos dicho que es un sistema ya completo no ha servido para lo que fue creado. El problema es que el SEA zacatecano no está completo todavía, como tampoco lo están, por diversas razones, los de ningún estado ni el sistema nacional.

Los sistemas anticorrupción del país están formados por las instituciones que ha creado el estado mexicano para asegurar la transparencia del uso de los recursos públicos, y procurar e impartir justicia, ahora justamente agrupados con comités de ciudadanos quienes tenemos la obligación de proponer las políticas que deben implementarse para controlar la corrupción y un sistema para medir los resultados.

En Zacatecas estamos construyendo a marchas forzadas, porque así se necesita, un documento llamado “Política Estatal Anticorrupción” que está basado en cinco conceptos reconocidos a partir de mediciones diversas hechas por académicos y por consultas a la ciudadanía, y que deben servir para asegurar la idoneidad e independencia de los funcionarios que encabecen a las instituciones que conforman el SEA, que se respeten las leyes que regulan las compras y licitaciones de bienes públicos, que se despersonalicen y simplifiquen los trámites necesarios para interactuar con el gobierno, que se pongan a disposición de los ciudadanos zacatecanos los canales para denunciar actos de corrupción sin temer represalias y que los municipios zacatecanos rindan cuentas correctas y a tiempo a sus ciudadanos.

Es justo decir, porque es comprobable, que Zacatecas es uno de los estados más adelantados en este proceso de conformación, laborioso y complicado por la naturaleza de su origen. Sin ese documento el sistema está, pero no puede operar.

La corrupción en Zacatecas y en el país no se controlará solamente castigando a los funcionarios y particulares que por los abusos que hayan cometido así lo merezcan: hay que hacerlo, sin duda, pero aquí y en el país es necesario, primero, estrechar las posibilidades de que alguien se apropie de lo que es público y, segundo, de que se castigue a quien lo haga.

Como ciudadano común considero que el reclamo al CPC es absolutamente, indudablemente, justificado y válido. Y el señalamiento al sistema (que no solicitud de explicación) es el ejercicio de un derecho que tenemos los ciudadanos de descalificar a las instituciones públicas y a quienes las encabezan cuando percibimos que no han satisfecho lo que esperamos de ellas. Responder a las demandas de los ciudadanos no puede ser más, como hasta ahora, una gracia concedida por los gobernantes que sea señal de su poder, sino una obligación. Que eso se cumpla está en manos de nosotros, los ciudadanos.

*Médico