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El PRD en Zacatecas informó que las autoridades mantienen medidas de protección para regidores denunciantes y continúan las indagatorias sobre presuntos hechos ocurridos en la Presidencia Municipal el pasado 27 de mayo.
ZACATECAS.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Néstor Santacruz Márquez, confirmó que las autoridades ministeriales impusieron medidas de restricción contra el alcalde de Villanueva, Rogelio González, conocido como “Chailito”, como parte de las investigaciones relacionadas con presuntos hechos ocurridos en las instalaciones de la Presidencia Municipal.
De acuerdo con el líder perredista, las disposiciones forman parte de las acciones de protección otorgadas a integrantes del Cabildo que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), luego de los acontecimientos registrados el pasado 27 de mayo.
Los regidores denunciantes señalaron posibles conductas constitutivas de delito, entre ellas privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, amenazas y presunta alteración de evidencia, hechos que actualmente forman parte de las carpetas de investigación abiertas por la autoridad competente.
Santacruz Márquez explicó que el partido promovió los recursos legales correspondientes con el propósito de que las instancias responsables esclarezcan lo sucedido y determinen si existen responsabilidades penales o administrativas derivadas de los hechos denunciados.
El dirigente estatal precisó que, además de las denuncias presentadas ante la Fiscalía, el PRD acudió al Órgano Interno de Control para solicitar una revisión de los acontecimientos y determinar si servidores públicos incurrieron en conductas contrarias a la normatividad administrativa.
Asimismo, destacó que las investigaciones continúan en etapa de integración, por lo que corresponderá a las autoridades reunir pruebas, recabar testimonios y establecer las responsabilidades que procedan conforme a derecho.
Santacruz Márquez enfatizó que las acciones emprendidas no obedecen a intereses partidistas ni a disputas políticas, sino a la necesidad de garantizar el respeto al marco legal y al adecuado funcionamiento de las instituciones públicas.
“Lo que buscamos es que se esclarezcan los hechos y que prevalezca el Estado de Derecho. Corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades que existan”, sostuvo.
El dirigente perredista aseguró que el partido mantendrá un seguimiento permanente a las investigaciones y respaldará a los regidores que promovieron las denuncias, mientras continúe el desarrollo de las indagatorias.
Además, señaló que no descartan solicitar medidas adicionales en caso de que las autoridades consideren necesario fortalecer las condiciones de protección o garantizar el desarrollo de las investigaciones.
Entre las posibilidades jurídicas que podrían analizarse en etapas posteriores figura una eventual separación temporal del cargo; sin embargo, aclaró que cualquier determinación dependerá exclusivamente de las resoluciones que emitan las instancias competentes.
Por ahora, los regidores involucrados conservan las medidas de protección vigentes, mientras la Fiscalía estatal continúa con la integración de las carpetas de investigación para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen elementos suficientes para ejercer alguna acción legal.
El caso permanece bajo análisis de las autoridades ministeriales, quienes deberán definir los siguientes pasos dentro del procedimiento conforme avancen las investigaciones.