Polémica en Bolivia: Paz autoriza gobernar a distancia y desafía la sucesión constitucional

BOLIVIA.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó un decreto supremo que le autoriza a ejercer el mando del país de forma remota cuando se encuentre fuera del territorio nacional, mediante el uso de herramientas digitales de comunicación. La disposición ha generado controversia al contradecir el artículo 169 de la Constitución, el cual establece que, ante la ausencia temporal del mandatario por hasta 90 días, la titularidad del Ejecutivo debe recaer en el vicepresidente.

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La medida es interpretada como una acción preventiva en medio del abierto rompimiento político entre Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, quien se ha declarado en oposición. El decreto se emite además en la antesala del viaje del jefe del Estado al Foro Económico Mundial de Davos, programado del 19 al 23 de enero en Suiza, lo que implicará su salida temporal del país.

Aunque el documento fue firmado el 29 de diciembre, su difusión ocurrió durante el feriado del 1 de enero, lo que ha retrasado reacciones oficiales. Hasta ahora, Lara no ha fijado postura pública y el presidente tampoco ha ofrecido explicaciones formales. Quien sí lo hizo fue el partido Libre, de derecha liberal y segunda fuerza en el Parlamento, a través de su senador Leonardo Roca, quien advirtió que “las diferencias políticas o tensiones internas con el vicepresidente no se resuelven mediante decretos”.

Paz ha evitado responder directamente a los señalamientos de Lara, quien lo ha acusado de mentir, incurrir en corrupción y actuar como un títere, en un enfrentamiento que se arrastra prácticamente desde que ambos asumieron el poder el 8 de noviembre. En una de las escasas alusiones públicas al conflicto, el mandatario lanzó una indirecta durante un acto oficial: “Yo no hago TikToks, yo actúo”, en referencia a la plataforma que su exaliado utiliza como principal canal de comunicación política.

Las respuestas del presidente, sin embargo, se han concentrado en el ámbito administrativo. El 18 de noviembre, firmó otro decreto mediante el cual creó el Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, asignándole atribuciones que anteriormente correspondían a la Vicepresidencia, reduciendo así su margen de maniobra.

El nuevo decreto también establece que, si durante su ausencia el presidente no tiene acceso a medios tecnológicos, deberá notificar por escrito y de manera expresa al vicepresidente, detallando con fechas precisas las acciones que este podrá ejecutar mientras dure la suplencia temporal.

La polémica se desarrolla en paralelo a un cruce de acusaciones entre Lara y el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien afirmó que el vicepresidente habría solicitado empleos para familiares y allegados dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). En respuesta, Lara —conocido como “capitán Lara” por su pasado en la Policía— acusó al funcionario de recibir recursos de organizaciones criminales.

Justiniano no es el único integrante del Ejecutivo con el que el vicepresidente ha tenido enfrentamientos. Anteriormente sostuvo un choque público con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El conflicto más reciente, sin embargo, se centra en el decreto supremo 5503, mediante el cual el Gobierno declaró la emergencia económica y propuso una serie de ajustes, incluida la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel.

Desde la presidencia del Parlamento, cargo que ocupa según la Constitución, Lara intentó sin éxito derogar la normativa. “Paz se ha alineado con los ricos y ha firmado un decreto que yo llamo del hambre y del desempleo”, afirmó en uno de sus habituales mensajes difundidos en TikTok. La medida ha provocado descontento social y, desde hace más de diez días, se registran marchas de protesta en La Paz, movilizaciones que el propio vicepresidente alentó durante su mensaje navideño del 25 de diciembre.