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El fallo desata protestas, paraliza al país y presiona a India por la extradición.
BANGLADESH.- La crisis política más grave en décadas volvió a estallar en Bangladesh después de que la justicia condenó a muerte a la exprimera ministra Sheikh Hasina.
El juez Golam Mortuza Mozumder la responsabilizó directamente por ordenar la represión de las protestas que provocaron su caída en 2024, manifestaciones que dejaron al menos 1,400 civiles muertos, según la ONU. La sentencia estremeció a una nación de 170 millones de habitantes que se prepara para elecciones legislativas en apenas tres meses.
Durante una sesión celebrada en un tribunal fuertemente resguardado en Daca, el juez sostuvo que “todos los elementos de un crimen contra la humanidad están reunidos” y, acto seguido, impuso pena de muerte tanto a Hasina como a su ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal. Ambos permanecen en India, adonde huyeron durante las revueltas de 2024.
Acto seguido, el gobierno interino solicitó a India entregar inmediatamente a los acusados. No obstante, Nueva Delhi se limitó a comunicar que “toma nota del veredicto”, una respuesta que complica la ejecución de la sentencia.
Sin su presencia en territorio bengalí, Hasina solo podría apelar si regresa voluntariamente en los próximos 30 días, algo que analistas consideran improbable.
Desde el exilio, la ex mandataria calificó el proceso como “un juicio amañado”, afirmó que carece de garantías y acusó al gobierno de persecución política.
El Ejecutivo interino, encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, celebró el fallo como “histórico” y anunció la prohibición total del Awami League, partido que Hasina lideró durante 15 años de gobierno. La medida profundizó la crisis institucional y desató movilizaciones masivas.
Familiares de víctimas celebraron la sentencia, mientras que simpatizantes del Awami League la denunciaron como un golpe político. En paralelo, la oposición convocó un paro nacional, lo que paralizó buena parte de la capital, donde la policía reforzó retenes y desplegó operativos especiales.
Bangladesh enfrenta ahora un escenario preelectoral altamente incierto, marcado por tensiones regionales y cuestionamientos internacionales sobre posibles violaciones a derechos humanos.