Se autodestruye el síndico de Juchipila

Jorge Álvarez Máynez, diputado federal. Foto: Cortesía.
Jorge Álvarez Máynez, diputado federal. Foto: Cortesía.

Juchipila está sin síndico. La delicadez del asunto hizo que la alcaldesa Chío Moreno pidiera muchísima discreción a sus colaboradores, pero aun así ya se habla de lo que “en realidad pasó” en este municipio. Sucede que José Santiago Mercado Haro trae problemas serios de adicciones. Ese vicio ya le trajo problemas en su salud, … Leer más

Juchipila está sin síndico. La delicadez del asunto hizo que la alcaldesa Chío Moreno pidiera muchísima discreción a sus colaboradores, pero aun así ya se habla de lo que “en realidad pasó” en este municipio. Sucede que José Santiago Mercado Haro trae problemas serios de adicciones. Ese vicio ya le trajo problemas en su salud, problemas con su familia y problemas con el cabildo. El síndico ya habría sido enviado a un Centro de Rehabilitación. Pero mientras se recupera, la presidenta municipal no ha convocado para que se llame al suplente. Ni le urge hacerlo. Dicen que Rocío está a gusto con la situación, pues ante la ausencia del síndico estaría ampliando sus facultades y poder de decisión.

Arreglo sospechoso
Cuando Salvador Lara (uno de los acusados de participar en la estafa maestra) era rector de la Politécnica de Juchipila, contrató a un asesor contable llamado Fernando Molina Contreras (señalado en algunas auditorías), quien se suponía iba a atender temas de impuestos. Luego, dejaron de requerir sus servicios y demandó a la universidad. Y ahora el rector Aníbal Valenzuela y su jurídico Fernando Villalpando quieren pagarle entre 2 millones y 3 millones de pesos, para que retire la demanda y además retome sus servicios. Pareciera un regalo muy generoso para el demandante. ¿Por qué será? Por cierto, Chava Lara sigue insistiendo en su inocencia y alegando que los asuntos de la estafa son cosa del notario Guadalupe Estrada y Nico Castañeda.

Candil de la calle oscuridad de la casa
A muchos les cayó mal que el diputado federal Jorge Álvarez Máynez presumiera una visita a Ucrania para condenar la invasión rusa y que “todos los días son asesinados inocentes”. La guerra, recriminan a Álvarez Máynez, también está en México por los numerosos homicidios y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Y también aquí en el país han matado a inocentes, incluyendo a niños. Álvarez Máynez fue a Europa acompañado por su compañero Salomón Chertorivski, ambos invitados por el Parlamento Ucraniano. Reflexionaron por ahí que así como Polonia recibió a muchos refugiados ucranianos, México debería hacer lo mismo con los centroamericanos.

Que pague el gobierno
Al buen senador José Narro no le costó la comisión del par de marinos que mandaron para cuidarlo y que no han aparecido. Tampoco le han costado los apoyos que han recibido sus organizaciones. Y ahora un grupo de concesionarios de pozos de riego quieren que el senador haga lo mismo por ellos y se les condone un porcentaje (o todo) de sus adeudos de energía eléctrica. Fue el presidente de Calera, Ángel Hernández, quien llevó a algunos de estos productores para pedirle gestiones al senador.

Runrunazos
No hay p’a cuando los diputados se decidan a elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y mucho menos a quien dirija el Órgano Interno de Control. Para el caso de la comisión, habría una disputa entre los grupos por decidir entre Maricela Dimas y Juan Antonio Ruiz, aunque el escenario puede cambiar. ** El enlace entre los ayuntamientos y la SAMA para tratar temas de infraestructura hidráulica ha resultado ser el subsecretario Juan Antonio Rangel. Las gestiones andan bien porque en los municipios han sido bien atendidos. * Una gran cantidad de ayuntamientos desconocen, o dicen desconocer indicaciones del auditor Raúl Brito para cobrar créditos fiscales a exfuncionarios que se pasaron de gandallas. Y estos mismos funcionarios son los que piden piedad ante el Tribunal de Justicia Administrativa; en cualquier caso los procesos terminan alargándose demasiado. * Hay intenciones a largo o mediano plazo, de que el Instituto Público de la Defensoría pudiera evolucionar a un organismo autónomo, y evitar una dependencia hacia el gobierno estatal, como se supone debe ser con la Fiscalía de Justicia del Estado.