El Runrún: Federación le resta al estado el impuesto ecológico de su presupuesto

El exgobernador Alejandro Tello planeaba cerrar sin contratiempos y dejarle recursos a su sucesor para no batallar, al menos los primeros meses. La salvación era 600 millones de pesos del impuesto ecológico de Newmont Goldcorp, propietaria de la minera Peñasquito. Ese dinero se consideraba en cierta forma recurso adicional, pero cuando la Federación se enteró de los pagos, le aplicó a Zacatecas la de “ya no necesitas” y dejó de ministrarle participaciones, más o menos por el mismo monto. Con mucho oficio político, el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, negoció los pagos con la empresa minera. Pero ese dinero sirvió como una excusa para que Gobierno Federal aplicara recortes, dejando de mandar dinero al estado.
Olivares sabe que la tiene difícil con la nueva gobernanza, pero el funcionario sabe abrirse camino y logra misiones imposibles, como la resolución de la Suprema Corte para cobrar el impuesto ecológico. El tema continúa siendo de mucho interés. Habrá que ver si la Federación permite que el estado, gobernado ahora por Morena, pueda beneficiarse del impuesto legítimo que creó, o se tomará como un pretexto para seguir recortándole participaciones.

A contra reloj
Hay una cuenta regresiva para que la federalización de la nómina educativa de Zacatecas pudiera incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Este presupuesto tendría que ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre en la Cámara de Diputados. Ayer la senadora Soledad Luévano presumió una reunión con Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, junto con la diputada federal Bennelly Hernández. Aseguran en la 4T que las gestiones para garantizar los salarios del magisterio van avanzando y hoy mismo el gobernador David Monreal dará seguimiento a estas negociaciones en la Ciudad de México. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez reconoció que también tienen prisa para que los ajustes en el presupuesto de la Federación incluyan la federalización de nómina educativa. El proceso podría tardar por lo menos seis meses. No se descarta un apoyo federal provisional mientras se concluyan los trámites de federalización de la nómina, tanto para Zacatecas como Michoacán.

Contra la impunidad
El actual gobierno no será tapadera de nadie, advirtió Humbelina López, secretaria de la Función Pública. La funcionaria recriminó que prescribieran expedientes para castigar a funcionarios del periodo 2010-2016. En el quinquenio tellista, la entonces secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, dio la batalla con algunos resultados. Promovió la inhabilitación de Fernando Soto, exsecretario de Finanzas, y otros exfuncionarios; persiguió el robo de combustibles, principalmente en la Secop que manejaba Jorge Pedroza; investigó algunas transas en la Secretaría de Economía y ya andaba pisándole los talones a más gente, pero el tiempo no le alcanzó. Luego llegó Gaby Rodríguez a cerrar el telón en la secretaría. Ortiz Medina intentó promover más de una docena de inhabilitaciones. Pero por ahora solo hay cinco sentencias vigentes en el registro de servidores sancionados: dos de Soto y las de Marco Ruelas, Julio Juárez y Eduardo Bustos. Esas sanciones se lograron durante la gestión de Paula.

Sí se denunció
Humbelina se escandalizó por un fraude, en la compra de un software, que le hicieron al gobierno. En efecto, fueron 11.8 millones de pesos que en 2016 se pagaron por este software que nunca sirvió. Ese programa se había adquirido para la entonces Procuraduría de Justicia, cuando dependía todavía del estado. Un empresario, de nombre Francisco Loza Treviño, fue quien presuntamente les dio “gato por liebre” y desde entonces lo han estado buscando. Hace más o menos un año el fiscal Francisco Murillo se sumó a la cruzada contra este fraude, pero hasta entonces no hay castigos para nadie. Ni se ha devuelto ni un quinto de ese dinero. Y así como ese caso, debe haber por lo menos un par de denuncias importantes contra proveedores que chamaquearon al gobierno. Ivette Hernández, secretaria de Administración, ya debe estar al tanto.

Unos y otros
Cuquita Ávalos, José Juan Estrada, David González y los otros diputados priístas recriminan el “terrorismo” laboral que le ha aplicado el gobierno de Morena a los burócratas tricolores. No se compara en cifras, pero también hubo quejas del mismo terrorismo laboral en las oficinas del comité directivo estatal del PRI, con la diferencia de que ahí los despedidos no tuvieron derecho a finiquitos dignos y en algunos casos ni a seguridad social. El tema de los despidos en Gobierno del Estado es un asunto que se debe revisar caso por caso. Es cierto que los morenistas buscan liberar espacio para su gente, pero deben analizar las condiciones de esos espacios y revisar si se trata de servidores públicos que realmente sean institucionales y trabajadores. Si hubiera un servicio profesional de carrera y de ingreso por examen de oposición, la burocracia estaría más respaldada para su permanencia.

Runrunazos
El senador Ricardo Monreal invitó a la Cámara Alta a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes zacatecanos. El exgobernador va haciendo equipo y todo indica que se está preparando para la carrera del 24. **El diputado federal Miguel Torres anticipa que estará en contra de la reforma energética y la oposición prepara una alternativa de presupuesto diferente, con más apoyo a los estados. El perredista cuestiona si los legisladores afines a la 4T privilegiarán los intereses del estado o lo que les dicten de la Federación. * Al presidente de Sombrerete, Alan Murillo, lo acusan de meter las manos y cometer irregularidades en el proceso de designación de delegados municipales. Todo para meter a los de su contentillo