El Runrún: El juicio de amparo está en riesgo por voto de Morena

Una enorme preocupación se generó entre los abogados del país por la iniciativa de reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, debido a que al limitar la concesión de suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales, en contra de Leyes expedidas por el Congreso de la Unión, se aprecia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables.

Dicha pretensión afectaría directamente a las personas justiciables, pues impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo mandata nuestra Constitución en su artículo primero, el principio de progresividad de los Derechos Humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir, como lo establecen también las Convenciones Internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado.

Como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el juicio de amparo permite al juzgador establecer si se han violado o no derechos humanos. Así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general, previo a esta determinación.

La suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, éstas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas.

Pero todo ello ya es tarde, porque Morena y sus aliados aprobaron en comisiones del Senado la reforma que elimina la facultad de jueces de otorgar la suspensión provisional y definitiva de leyes, con efectos generales, que hayan sido impugnadas mediante la Ley de Amparo.

Esta reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo no sólo es inconstitucional, sino además puede representar una venganza morenista contra los juzgadores que, por ejemplo, otorgaron la suspensión a la reforma a la Ley Eléctrica.

La prisión preventiva queda limitada en Zacatecas

Los temas de justicia toman fuerza en la discusión local, porque ahora, los jueces federales de 18 estados, entre ellos los de Zacatecas, están obligados a impedir la captura de personas acusadas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El Pleno en Materia Penal de la Región Centro Norte publicó jurisprudencia que prohíbe encarcelar a quienes enfrentan orden de aprehensión por delitos graves para que lleven sus procesos sometidos a otro tipo de medidas cautelares.

Y cuando se reclame en amparo indirecto una orden de aprehensión por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, debe concederse la suspensión provisional para el efecto de que, durante su vigencia, la parte quejosa no sea detenida lo que mueve de nueva cuenta la relación de la justicia con el justiciable.

Esta nueva determinación que adquiere el rango de jurisprudencia va más allá, pues categóricamente ordena no detener a los acusados por los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, como homicidio, narcotráfico, violación, secuestro y delincuencia organizada y se instruye a los jueces para que, al conceder la suspensión, tomen medidas para garantizar que el acusado comparezca al proceso, pero sin que sea detenido.

Esta nueva realidad vuelve vulnerable a las víctimas y adelanta un fuerte discusión sobre los temas que hoy fueron reformados y que hacen de la impunidad un elemento central que hoy promueven algunos legisladores afines al gobierno de México.

En Zacatecas hay dos vacantes de magistrados del Poder Judicial

El 31 de enero concluyó el periodo constitucional de 14 años como magistrados del Poder Judicial del Estado de los abogados María Isabel Carrillo Redín y Jorge Ovalle, desde entonces el Tribunal Superior de Justicia está incompleto y sólo sesiona con 11 de los 13 magistrados que lo deben integrar.

No se ha logrado concluir el proceso de nombramiento de las nuevas magistradas porque simplemente ni siquiera se han integrado las ternas respectivas que debe enviar el titular del Poder Ejecutivo a la Legislatura del Estado.

En la actualidad el Poder Judicial esta integrado por siete abogados varones y cuatro abogadas mujeres, por lo que las ternas, atendiendo el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se debe atender la paridad y, por lo tanto, las nuevas integrantes del Poder Judicial deben ser dos mujeres y, que en estricto sentido de la justicia, deben ser dos abogadas que estén en el desempeño de la judicatura como juezas en Poder Judicial local.

Sólo se espera que haya voluntad política del gobernador David Monreal Ávila para integrar las ternas respectivas y enviarlas a la Legislatura para que los diputados voten a las nuevas magistradas locales. Esperemos que la justicia sea una prioridad para el mandatario estatal. Ya son dos meses y medio que el Tribunal Superior está incompleto.

Runrunazos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas obtuvo fallo con sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Rubén N, por el delito de secuestro agravado. Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2014 en la Ciudad de Zacatecas. Además, se informó que esta persona es una de las que se fugó del Cerereso de Cieneguillas en 2022.