El Runrún: Denuncian corrupción en los tres niveles de gobierno

Armando Delgadillo, Jehú Salas y José Luis Figueroa, diputados locales.
Armando Delgadillo, Jehú Salas y José Luis Figueroa, diputados locales.

Van 22 despidos en el Issstezac Explota Jehú contra el TRIJEZ “Lucha estéril”, la que quiere emprender el SPAUAZ Muchísimo trabajo hay en la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Salvador Villa, por el montón de expedientes de denuncias. En la mayoría se acusa a las corporaciones de seguridad. Incluso el año pasado hubo cinco denuncias … Leer más

Van 22 despidos en el Issstezac
Explota Jehú contra el TRIJEZ
“Lucha estéril”, la que quiere emprender el SPAUAZ

Muchísimo trabajo hay en la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Salvador Villa, por el montón de expedientes de denuncias. En la mayoría se acusa a las corporaciones de seguridad. Incluso el año pasado hubo cinco denuncias contra la Guardia Nacional por abuso de autoridad, y una más por lesiones, presentada el mismísimo día de Navidad. Se investigan además casos de evasión de reos en Fresnillo y Villanueva, reportados en 2021 y 2020, respectivamente.
El pasado noviembre, al alcalde de Villa González Ortega, Ronald García, lo acusaron de amenazas en su propio cabildo, mientras que en el periodo que el actual diputado Armando Delgadillo gobernó Nochistlán se levantaron tres carpetas de investigación en el ayuntamiento: por fraude, abuso de autoridad y un caso de supuesta retención ilegal, la más grave de todas. Los implicados deben estar muy nerviosos.

Se denunció la estafa Legislativa
Del Congreso local, por recomendaciones del auditor Raúl Brito solo se interpuso una denuncia por un presunto desvío de becas, con recursos asignados a la exdiputada Lupita Adabache, pero ya hay una carpeta de investigación por la denominada “estafa legislativa”, en la que diputados de la pasada legislatura como Héctor Menchaca y Pedro Martínez, entre otros, pagaron asesorías a precios presuntamente inflados con el fin de desviar el dinero. Brito no tuvo nada que ver con esa denuncia, que se interpuso el pasado 20 de diciembre. De todos los exlegisladores involucrados, reelectos y no reelectos, ninguno ha dado la cara para explicar por qué desembolsaron tanto dinero en esas asesorías. Mucho menos tendrán cara para hablarles del tema a quienes fueron sus electores. Les dieron charola para legislar y fue esa misma charola que usaron para abusar del presupuesto.
También hay casos de corrupción en el Gobierno del Estado. Antes de irse de la Secretaría de Turismo Eduardo Yarto denunció un caso de supuesta falsificación de documentos, con la que un grupo de trabajadores pretendía justificar el desvío de recursos; y en la Secretaría de Salud, donde Uswaldo Pinedo está de medio tiempo, hay una denuncia por tráfico de influencias y negociaciones ilícitas, además de robo de equipo de la jurisdicción de Tlaltenango. En el tema de educación, desde el año pasado investigan una acusación de hostigamiento sexual en el Cobaez de Pinos, así como una queja contra la secretaría por no dar seguridad social.

Van por más recortes
Se supone que desde el 30 de noviembre se tenía que presentar un plan de reducción en diferentes dependencias, pero al menos en el caso del Issstezac todavía se está valorando. Cuando Nacho Sánchez llegó como director general se informó que eran alrededor de 1,200 trabajadores. Hasta el momento, se sabe que ya despidieron a cuando menos 22. Entre los que dieron de baja está Alfredo Mendoza Villlalpando, hermano del exdelegado de Relaciones Exteriores Javier Mendoza; Adolfo Trejo, exalcalde de Sain Alto; y Gladys Mireya Murillo, que se desempeñaba como titular del Órgano Interno de Control.

Buscan a Chuy Padilla
Ya no quieren que la espera sea tan larga. Mónica Borrego, Javier Calzada y otros exdiputados que siguen en la banca esperan que les cumplan “el compromiso” de tener una posición en el gabinete. Quien debe darles la cara, según dicen ellos, es su excompañero, Chuy Padilla, titular de la Secampo. A ese lo quieren en el banquillo de los acusados para que les explique porqué otros perfiles que hasta estaban en el PRI, como la subsecretaria jurídica de Secop Amparo Jauregui, se acomodaron antes que ellos. Algunos piden que les lean la cartilla de una vez y si no hay oportunidad de acomodarles, que les digan de una vez “p’a moverse a otro lado”.

Diputado contra presidente del TRIJEZ
No tardaron en ponerse en guardia y tomar preventivas en el Tribunal Superior de Justicia, luego de la creciente ola de contagios de Coronavirus. Lo mismo hicieron en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero en tribunal electoral tardaron en reaccionar. En un año no electoral, los del TRIJEZ se olvidaron que la pandemia sigue y está en uno de sus puntos más altos. Quien pasaba por los pasillos y oficinas del tribunal podía escuchar claramente la tos y los estornudos del personal. Tanto descuido hizo que explotara el diputado local Jehú Salas Dávila, quien tiene a su esposa Lucía García Tiscareño como coordinadora del Servicio Profesional de Carrera en el TRIJEZ. Al menos hasta la semana pasada, nadie estaba dando facilidades ni permisos a la burocracia ante la amenaza del Covid, así que de plano García Tiscareño pidió una licencia sin goce de sueldo, a fin de evitar los riesgos de contagio. Jehú Salas está furioso. No le perdona a José Ángel Yuen Reyes, presidente del TRIJEZ, la falta de medidas de prevención y facilidades para que los burócratas no vayan a la oficina. A la primera oportunidad, el diputado buscará desquitarse.

Cepillaron la presidencia
Para este año, la Ley de Ingresos de Loreto estimó que tendrán unos 150 millones de pesos. El presupuesto estará muy ajustado por el que exalcalde y actual diputado, José Luis Figueroa Rangel, les dejó adeudos por 115 millones de pesos. El petista se hizo tarugo para pagar la luz, el IMSS, el impuesto de nómina y lo del SAT, además de comprobar 247 mil pesos de recursos que la Conagua les destinó para obras. Lo que más lamenta el alcalde Gustavo Aguilar es que debido a eso no podrán acceder a gestiones con esta dependencia federal.

El intento
Aparentemente molesto, el líder del SPAUAZ José Juan Martínez promovió un emplazamiento a huelga para el próximo 16 de febrero. Reclama violaciones e incumplimientos en el Contrato Colectivo y la falta de certeza para que la universidad les liberara los pagos. Pero Pedro Martínez Arteaga, el anterior líder del sindicato, quiere corregirle la plana a su sucesor y advierte que debe fundamentar mejor el emplazamiento. Considera que el principal problema es que las violaciones e incumplimientos del contrato colectivo quedarían sin respuesta ni soporte, por parte de la parte patronal. Según Pedro, a como se plantea el emplazamiento, la parte patronal de la UAZ solo estará obligada a pagar el incremento salarial y el de prestaciones, no a resarcir los incumplimientos denunciados. En un escenario complicado por la pandemia del Covid, el riesgo de que aumente la deserción de estudiantes y un panorama económico muy difícil, el SPAUAZ estaría enviando al gremio a una “lucha estéril”, en la que la universidad es la que más pierde.

Tragedia en Seguridad Vial
De terror fue la semana pasada para las corporaciones de seguridad. Primero fueron tres elementos de Fresnillo los que pierden la vida a manos de criminales, luego asesinan a una oficial del Ayuntamiento de Zacatecas y después a dos agentes de Seguridad Vial. Al menos en el caso de esta última corporación, se aplicarán medidas precautorias para la labor de los elementos. Presuntamente se limitarán los operativos alcoholímetros y los patrullajes podrían ser menores. Hay una política aplicada en estados como el de México de suspender provisionalmente las multas, como una medida incluso de prevenir actos de corrupción. Estas estrategias se están analizando para minimizar los riesgos a los que se exponen los oficiales de tránsito.

Runrunazos
No tardan los llamados al gobierno de David Monreal para que, a medida que se ponga crítico el asunto por la pandemia del Coronavirus, puedan lanzarse programas de rescate a los sectores de la iniciativa privada que se verían más afectados. El secretario de Economía, Rodrigo Castañeda, ya debería empezar a ver cómo se puede ayudar a estos comerciantes. * Los 21.7 millones de pesos que le tocarían de presupuesto anual a Morena estatal podrían no ser suficientes. El partido enfrenta múltiples multas y, a juicio del dirigente Fernando Arteaga, no será un año fácil para el comité. Al PRI le tocarán 16.7 millones de pesos, en un año en el que se espera la renovación de la dirigencia, principalmente por el grupo de Roberto Luévano. * La tirada de Alberto Campos, el clan Santacruz y los demás rebeldes del PES es, una vez termine el conflicto con Nicolás Castañeda, que el partido vaya con un acuerdo definido y en alianza con Morena para las elecciones del 2024. Hay quienes anticipan que para ese entonces, los turquesas del Panal habrán marcado mucha distancia con los guindas.