La aprobación de 104 nuevas pensiones para trabajadores de telesecundaria en Zacatecas por parte del Issstezac es un avance administrativo relevante, pero ocurre en un contexto complejo para el sistema de seguridad social estatal.
Mientras el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria (SITTEZ) celebra la resolución de expedientes largamente esperados, persiste la discusión sobre la posible desincorporación del Hotel Parador del patrimonio del instituto, lo que ha generado bastante inquietud entre sectores de trabajadores y jubilados. Este contraste abre un debate sobre la sostenibilidad financiera del organismo y la transparencia en sus decisiones patrimoniales.
Si bien las pensiones atendidas brindan certeza a 104 familias, también muestran la presión acumulada de solicitudes rezagadas que aún no tienen respuesta. Al mismo tiempo, la eventual venta o reestructuración de activos como el hotel Parador plantea dudas sobre la estrategia de corto plazo para fortalecer el fondo de pensiones.
El reto principal para las autoridades será equilibrar la atención inmediata de derechos laborales con una administración responsable de los bienes del instituto. Sin una comunicación clara y una planeación integral, las decisiones pueden percibirse como reactivas, más que estructurales.
En este escenario, el diálogo con sindicatos y derechohabientes resulta indispensable para evitar incertidumbre y fortalecer la confianza en el Issstezac.

Diputados aceleran decisiones que ponen en riesgo pensiones del Issstezac
El acuerdo de ayer de la Comisión Permanente de la 65 Legislatura en Zacatecas para convocar un periodo extraordinario evidencia una preocupante prisa política que no necesariamente responde al interés público.
Entre los temas que se abordaran en el periodo extraordinario, destaca la posible entrega del hotel Parador como forma de pago de deudas del Issstezac, una medida que genera serias dudas sobre su transparencia y viabilidad.
Resulta inaceptable que no se haya hecho público un estudio actuarial completo que sustente decisiones de tal magnitud, especialmente cuando están en juego las pensiones de miles de trabajadores.
La advertencia de algunos legisladores que piden prudencia ha sido ignorada, mientras se avanza con votaciones divididas que reflejan la falta de consenso y análisis profundo. El riesgo de comprometer el patrimonio estatal se agrava con decisiones aceleradas que priorizan salidas contables en lugar de soluciones estructurales.
Es urgente que el Congreso de Zacatecas actúe con responsabilidad, exija información completa y evite decisiones que puedan hipotecar el futuro de las pensiones públicas.
La derechohabiencia merece decisiones responsables y no arreglos improvisados, que pueden comprometer instituciones, pues la falta de rigor legislativo sólo profundiza la desconfianza social hacia quienes deberían proteger el patrimonio público y garantizar estabilidad financiera a largo plazo.
Aquí es donde debe aparecer el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, quien fue director del Issstezac, el último de la administración priista de Alejandro Tello, y debe fijar una postura que no lo acerque a decisiones impopulares, de lo contrario, puede quedar de manifiesto que algo quiere ocultar del funcionamiento del instituto.

Autoridades educativas actúan
El caso de la Secundaria Pedro Ruiz González ha mostrado que la Secretaría de Educación de Zacatecas puede actuar con rapidez cuando un asunto se vuelve mediático, aplicando medidas precautorias como la separación temporal del subdirector mientras se realizan las investigaciones.
Sin embargo, este criterio contrasta con el tratamiento del caso del CEBAARE, donde se han señalado presuntas irregularidades atribuidas al director Martín Carrillo Guzmán sin que hasta el momento se observe una determinación similar. Esta diferencia en la actuación institucional genera dudas razonables sobre la coherencia de los protocolos aplicados por la autoridad educativa.
Mientras algunos casos avanzan con medidas inmediatas debido a su exposición pública, otros con señalamientos más graves parecen no recibir la misma urgencia debido a la presión política que generan los actores señalados. Esto alimenta la percepción de que la presión mediática influye en decisiones que deberían regirse exclusivamente por criterios técnicos y normativos.
Es indispensable que la autoridad educativa establezca criterios uniformes que garanticen imparcialidad, transparencia y una respuesta proporcional ante cualquier denuncia.
Por ello resulta necesario cuestionar por qué en el caso del CEBAARE no se ha tomado una determinación equivalente a la aplicada en la Secundaria Pedro Ruiz González, especialmente si los señalamientos públicos apuntan a situaciones de mayor gravedad que incluso llevaron a los padres de familia a bloquear la carretera y el centro educativo. La pregunta es ¿quién protege a Martín Carrillo Guzmán?

Runrunazos
Ayer se llevó a cabo la conferencia magistral sobre democracia paritaria y violencia política contra las mujeres, a cargo de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho, organizada por el IEEZ, donde se abrió un espacio de reflexión fundamental para el fortalecimiento democrático. Este esfuerzo institucional representa un avance importante al visibilizar la violencia política en razón de género y promover su prevención. Sin embargo, resulta indispensable que estas actividades tengan mayor difusión social y mediática, a fin de generar conciencia, participación informada y compromisos más amplios.