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José Luis Medina Lizalde.
En los orígenes del PAN sobresale su énfasis discursivo en el estado de derecho como sustrato civilizatorio, ahora bloquean la aplicación de la ley por sistema valiéndose del fuero.
El peor enemigo del PAN es su actual élite dirigente. La directriz de cerrar filas en torno a la sumisión a Estados Unidos de la gobernadora de Chihuahua solo se pudo tomar sin la deliberación doctrinaria de su base y cuadros dirigentes.
El alineamiento con Trump implica un cambio cultural que es preciso dimensionar. Ya no es aquella derecha a la que la crítica liberal motejaba de derecha clerical que capitalizaba electoralmente la influencia del catolicismo más conservador. Juan Pablo Segundo ya no es su ícono mundial. Hoy su cercanía es Donald Trump, denunciado por sobrevivientes abusadas cuando niñas.
Cierto que no todas las derechas del planeta son clericales, pero las de América Latina y España así se legitimaban ¿Se puede concebir la dictadura de Francisco Franco sin el acompañamiento del alto clero católico español? ¿Pinochet y Videla?
Su inspiración doctrinaria es Trump, no es León XIV.
No imagino que diría Castillo Peraza del abandono del lema “Por una patria ordenada y generosa” por el Patria y Familia importado del fascismo español.
Su noción de legalidad quedó evidenciada cuando en la más reciente sesión acuden los senadores panistas vistiendo una camiseta azul con la leyenda “Yo con Maru” al mismo tiempo que en su mano llevaban camisetas guindas que ofrecían a sus adversarios de Morena con la leyenda “Yo con Rocha Moya”, que al mismo tiempo que las mostraban recalcaban muy orgullosos que ellos defienden con orgullo a su gobernadora y los morenos se avergüenzan de hacer lo mismo con el gobernador de Sinaloa con licencia.
¿En verdad suponen que el pueblo mexicano aplaude que cada partido proteja a sus miembros señalados por cometer delitos? ¿Acaso no es esencial al estado de derecho que la ley se aplique sin distingos? ¿Es moralmente defendible sustituir la defensa con la ley en la mano con la fuerza política de un partido? ¿No equivale a la acción de los cárteles cuando mediante bloqueos impiden la aprehensión de sus jefes?
En los orígenes del PAN sobresale su énfasis discursivo en el estado de derecho como sustrato civilizatorio, ahora bloquean la aplicación de la ley por sistema valiéndose del fuero en los casos de Ricardo Anaya, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Maru Campos y otros de menor resonancia.
La gobernadora de Chihuahua es señalada de violar la constitución mediante varias acciones como son la de permitir actividades de la CIA en territorio mexicano, poner a disposición del gobierno de Texas el sistema de video vigilancia del estado que gobierna, suscribir acuerdos sin tener facultades con el gobierno de Israel, poner uno de los pisos de la Torre de seguridad a disposición de las agencias de seguridad de Estados Unidos etc.
El panismo normalizó la sumisión al grado de que las patrullas de la capital del estado incluyen el logotipo de la Policía de Nueva York y cuando esto es advertido, su alcalde Bonilla lo reivindica con orgullo y sin el menor sentido del ridículo.
Su noción de patria con semejante lacayismo es tan dudoso como su nación de familia con la afiliación fáctica al trumpismo.
Según el PAN los militantes y dirigentes de Morena no defienden a Rocha Moya porque les arde la cara de vergüenza, de ser cierto eso habla bien, no mal de ellos.
¿Es condenable sentir vergüenza por la mala conducta de un correligionario? no creo que los sacerdotes católicos no se avergüencen de haber tenido en sus filas a un Padre Maciel.
Rocha Moya solicitó licencia, no tiene fuero, es investigado y ya acudió a declarar y ofrece hacerlo tantas veces lo convoquen, si le resultan responsabilidades nadie de sus correligionarios moverá un dedo reclamando impunidad.
Maru Campos, aferrada al fuero, se niega a declarar y sustituye la defensa jurídica con la defensa política mediática y partidista.
El panismo sostiene que a su gobernadora la atacan porque combate al crimen organizado pero un alto funcionario de seguridad pública de todas sus confianzas es dueño de una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero desde el pasado 20 de mayo y hasta ahora la única medida que se advierte es la de asegurarse que los medios de comunicación no mencionen el tema cuando la entrevistan (para algo han de servir los más de dos mil millones de pesos de publicidad reportados hasta ahora).
¿Por qué no demandar que el INEGI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública publiquen un informe de la filiación partidista de los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios procesados por narcotráfico?
Veríamos qué tan bien parados salen los que favorecen la intervención gringa hablando de narco partidos y narco gobiernos.
Nos encontramos el jueves en Recreo
