Se oponen pensionados a reformas en la ley del Issstezac

ZACATECAS.- Pensionados del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstezac) propusieron que se separa la parte administrativa de la empresarial.

Aseguraron que pueden operar con 50 personas como máximo.

“Lo único que arrojan son pérdidas y eso no abona para la solución del problema” declaró Teresa Villegas Santillán, directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Con movilizaciones y bloqueos carreteros, se declararon en contra de las próximas reformas a la ley del organismo.

Apoyados por la diputada de Morena, Alma Dávila Luévano, pidieron al gobernador Alejandro Tello Cristerna, corregir los agravios hechos por los directivos que él mismo designó antes de hacer maniobras.

Criticaron el actuar de la empresa Aguirre y Asociados, la cual realizó una serie de estudios actuariales determinando que el Issstezac solo podrá seguir operando hasta 2025.

Además, repecharon el no depósito de lo correspondiente a mil 55 millones de pesos de pensiones, ya que según ellos los tres mil 600 millones recaudados durante 2015-2016 de aportaciones y cuotas no se reportó de manera correcta.

Exigen transparencia

Alma Dávila Luévano urgió a la Comisión de Vigilancia a que haga pública la auditoría hecha al Issstezac y las percepciones de quienes integran la llamada “Nómina Dorada”.

“La Auditoría Superior del Estado (ASE), ya hizo entrega de los documentos ¿Qué es lo que están escondiendo?”, reprochó.

Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la disidencia magisterial en la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), advirtió que seguirán denunciando la corrupción al interior del Issstezac, así como el trabajo del director general Marco Vinicio Flores Guerrero, a quién le pidieron pague el aguinaldo de manera puntual.

Responde el Issstezac

Por su parte, el Issstezac reprochó que la propuesta del cierre de áreas comerciales, hecha por la diputada, carezca de un estudio que muestre la factibilidad financiera.

En un comunicado, el instituto manifestó que dejan entrever que los 462 trabajadores que se reporta en esas áreas migren a gobierno del Estado, lo que implicaría una carga adicional y perjuicio a las arcas estatales.

Sobre los resultados actuariales del instituto, cuestionaron a los quejosos las críticas, pues aseguraron que las recomendaciones son coincidentes con las que presentó la consultora anterior durante el 2016, 2017 y 2018.

En el oficio se informó también que la aseveración de malversación de fondos del 30% de cuotas y aportaciones que debieran depositarse al Fideicomiso de pensiones es falsa, pues desde 2017 éste no tiene fondos.

Finalmente, se aseguró que solo trabajan 407 personas en labores administrativas y no 930 como manifestó el grupo de Dávila Luévano.