En la reforma judicial “no hay marcha atrás”: Saúl Monreal

ZACATECAS.- El Poder Judicial de la Federación es hoy “opaco, deficiente, lento y burocrático”, por lo que su reforma “no tiene marcha atrás”, afirmó el senador electo Saúl Monreal Ávila, quien asumirá la próxima semana como parte integrante del Poder legislativo.

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Monreal Ávila sostuvo que “el pueblo exige una administración de la justicia más eficiente. Nadie es ajeno a que el Consejo de la Judicatura enfrente hoy serios problemas por diversas denuncias de trabajadores contra sus jefes jerárquicos”.

Entrevista en la VOZ 96.1 de FM este viernes, el senador electo de Morena, Saúl Monreal Ávila, rechazó que la reforma al Poder Judicial, que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros, permita la intromisión del crimen organizado.

Acusó que “hay una falta de rigor e ineficiencia en las sanciones contra los agresores, porque la mayoría de los juicios son cerrados y se protege y se privilegia el favoritismo”.

“Por ello, el pueblo mexicano exige una administración de justicia más eficiente para todas y todos, un sistema de justicia pronta, expedita y gratuita. Tenemos un mandato popular y lo vamos a llevar a cabo”, insistió.

También insistió en que, con la mayoría calificada, “no hay marcha atrás” y la reforma al Poder Judicial está encaminada, además de que también se aprobará la desaparición de los organismos autónomos que representan una carga para el país en materia economica.

Advirtió que “no vamos a desoír el mandato popular –de elegir por voto ciudadano a jueces, magistrados y ministros– y vamos a actuar con congruencia”.

Subrayó que la reforma busca eliminar cualquier influencia ilegal, contrario a lo que sostienen quienes no la avalan.

“Lo que esta reforma pretende es sacudirse de cualquier influencia ilegal. Si los adversarios alegan que puede ser filtrado por el crimen o la delincuencia de cuello blanco, les diríamos que con la reforma queremos evitar eso”, expresó.

Monreal expresó que la intención es discutir y aprobar este cambio al sistema de justicia del país en los primeros días de septiembre, e insistió en que buscan un Poder Judicial alejado del nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias.

“Queremos un Poder Judicial donde el acceso a la justicia sea pronto y expedito, alejado del nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias, y de la compra de la justicia al mejor postor. Queremos una justicia accesible, gratuita, digna y honesta”, aseveró.

Finalmente expresó que la reforma es un mandato de la sociedad que implica nuevos y mejores programas de trabajo.

 

 

Aprueban en Cámara de Diputados la desaparición de órganos autónomos

 

Con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, diputados federales de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron la eliminación de órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), cuyas funciones pasarían a dependencias e instituciones federales.

Tras la votación que avaló en lo general la propuesta de reforma de Simplificación Orgánica, se presentaron alrededor de 75 reservas por parte de los diversos grupos parlamentarios, por lo que se espera una discusión larga en lo particular.

El Gobierno Federal argumenta en el documento que “los presupuestos asignados a los organismos públicos materia de la iniciativa desde el año 2018 hasta el actual, a los cuales se les ha asignado la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y en la mayoría se ha presentado un incremento anual en su presupuesto; lo cual equivaldría, a manera de ejemplo, a 5,385,591 Pensiones Bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”.

Morena impulsa desaparición de órganos y eliminación de “gastos innecesarios”

Al respecto, Lidia García diputada federal de Morena, criticó a la oposición por su postura en contra de transferir las facultades y obligaciones de los organismos constitucionales a las dependencias federales, con el objetivo de eliminar gastos innecesarios, lujos y duplicidad de funciones, ya que defienden los intereses de particulares.

“Los organismos constitucionales han promovido el dispendio de los recursos a través de enormes estructuras burocráticas, con toda clase de privilegios y prestaciones en perjuicio de la sociedad mexicana. Estos organismos descentralizados y órganos constitucionales, se instauraron para garantizar los intereses privados y cumplir los compromisos adquiridos con particulares engrosando las nóminas a cargo del erario”, expuso.

Santiago Torreblanca, del Partido Acción Nacional, manifestó su tristeza y preocupación por la desaparición de los entes públicos, ya que, el gobierno de Morena pretende eliminar cualquier contrapeso a las malas decisiones tomadas.

“Esto no es una actuación y de verdad estoy a punto de llorar porque México está desapareciendo. Están terminando con cualquier tipo de contrapeso; cualquier tipo de división de poderes, están facultando a que los conflictos de interés, sean los que gobiernen este país”, dijo.

“Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”, señala el documento.

Dentro del segundo apartado de la iniciativa, cobra relevancia la adición que se propone al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que se establezca como principio constitucional, evitar crear entes públicos innecesarios bajo figuras de entes descentralizados o desconcentrados que, al final, redundan en funciones, cuando la administración pública centralizada podría asumir dichas atribuciones.

La iniciativa señala que “Los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuentan los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente Decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda”.

La propuesta indica que, las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable