Diputadas respaldan fallo de la Corte que restituye aguinaldo completo a jubilados del Issstezac

ZACATECAS.- Diputadas locales de distintos grupos parlamentarios calificaron como positivo y justo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Issstezac a pagar 60 días de aguinaldo a pensionados y jubilados, en lugar de los 30 días establecidos tras reformas aprobadas en la pasada legislatura local.

La diputada del PAN, Mary Tere López García, afirmó que la resolución representa un acto de justicia para los trabajadores y evidencia que durante la LXIV Legislatura se aprobaron leyes de manera apresurada, sin medir el impacto en los derechos laborales.

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Además, subrayó que ahora corresponde al Gobierno del Estado definir una redistribución presupuestal para cumplir con la sentencia, al tratarse de una determinación obligatoria.

Críticas a reformas aprobadas “al vapor”

López García sostuvo que el problema se originó en una decisión del Ejecutivo estatal, respaldada por una mayoría legislativa que, dijo, antepuso intereses particulares.

Asimismo, advirtió que Zacatecas debe garantizar los recursos necesarios, ya que en otros rubros financieros prácticamente no existen márgenes de maniobra.

En tanto, la diputada del Partido del Trabajo, Renata Ávila Valadez, consideró que la resolución de la Corte hace justicia social para los trabajadores del Issstezac, incluidos los de telesecundarias y la sección 58.

Explicó que los artículos invalidados resultaban inconstitucionales, debido a que pretendían aplicar la ley de forma retroactiva.

Análisis para cumplir la resolución

Por su parte, la diputada de Morena, Imelda Mauricio, coincidió en la necesidad de revisar con precisión la derogación de la norma y analizar cuidadosamente el mecanismo para la devolución de recursos.

Como maestra, aseguró que su prioridad es proteger plenamente los derechos de las maestras y los maestros, al tiempo que se buscan opciones viables para dar cumplimiento a la resolución judicial.

Finalmente, las legisladoras coincidieron en que el fallo de la SCJN sienta un precedente en la defensa de los derechos laborales y obliga a las autoridades estatales a actuar con responsabilidad financiera y legal.