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Jorge Rada afirmó que Rodarte Hernández incurrió en un conflicto de interés.
ZACATECAS.- El despacho jurídico Rada y Asociados presentó una denuncia en contra de Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al acusarlo de presuntamente simular la defensa legal del Hotel Parador del Issstezac y utilizar el conflicto derivado de la desincorporación del inmueble con fines políticos.
En conferencia de prensa, el abogado Jorge Rada afirmó que Rodarte Hernández incurrió en un conflicto de interés, ya que, cuando integró la Junta Directiva del Issstezac, votó a favor de la desincorporación del hotel y posteriormente impulsó acciones jurídicas para intentar frenar ese mismo procedimiento.
El litigante informó además que su despacho ampliará una carpeta de investigación para incluir al dirigente sindical y a otros abogados, al considerar que existen hechos que deberán ser analizados por las autoridades competentes.
Rada también cuestionó la estrategia legal promovida por el equipo jurídico vinculado a la Sección 58, al señalar que el amparo fue presentado por una sola persona y contiene únicamente un concepto de violación, lo que, a su juicio, resulta insuficiente para proteger el patrimonio de trabajadores y pensionados del Issstezac.
Asimismo, acusó a dos abogados que participan en ese litigio de haber utilizado documentos, estrategias jurídicas y una cartera de clientes desarrollada durante su paso por el despacho Rada y Asociados.
El abogado vinculó la denuncia con una presunta intervención política en las resoluciones judiciales relacionadas con el Hotel Parador. Sostuvo que, tras difundirse en redes sociales que se concederían suspensiones provisionales en tres juicios de amparo promovidos por su despacho, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, realizó declaraciones sobre una supuesta colusión con juzgadores federales y, posteriormente, fue separada del cargo la jueza que otorgó dichas suspensiones.
Rada consideró que estos hechos deben investigarse por la posible presión ejercida sobre el Poder Judicial Federal y advirtió que ello podría afectar la impartición de justicia y la defensa del patrimonio de los derechohabientes del Issstezac.
