Cuestionan falta de claridad en proceso de federalización de la nómina magisterial en Zacatecas: advierte el Lic. Bruno Tiscareño

A través de las redes sociales oficiales de la Sección 58 del SNTE, el Licenciado Bruno Tiscareño difundió un análisis crítico sobre el proceso de federalización de la nómina magisterial del Estado de Zacatecas, señalando inconsistencias jurídicas, falta de transparencia y ausencia de consensos con la base trabajadora.

En su posicionamiento, Tiscareño expone que no existe una definición clara, sustentada en documentos oficiales, sobre si el proceso implica una sustitución patronal o una terminación laboral con el Gobierno del Estado para posteriormente iniciar una nueva relación laboral con la Federación. Esta omisión —afirma— genera incertidumbre en los docentes sobre el futuro de sus derechos adquiridos.

Asimismo, advierte que la federalización, tal como está planteada, privaría al trabajador de la posibilidad de obtener una pensión adicional en el ISSSTEZAC, un esquema capitalizable y garantizado por el Estado, distinto al modelo de Afores en el que opera la pensión del ISSSTE.

Tiscareño también señala que los convenios y cartas de aceptación que se pide firmar al personal no especifican qué derechos acumulados serán reconocidos ni los mecanismos legales o presupuestales que se implementarán para garantizar su continuidad. A ello se suma que los instrumentos jurídicos no han sido validados ni signados por autoridades federales competentes, lo que genera mayor indefinición.

Otro punto crítico es la falta de análisis financiero del ISSSTEZAC, ya que —según refiere— no se ha presentado un estudio actuarial que determine el impacto que tendría dejar de recibir las cuotas de los trabajadores que pasarían al ámbito federal. Pregunta si este déficit agravaría la ya delicada situación financiera del instituto o afectaría el pago de juicios pendientes, prestaciones y futuras pensiones.

También cuestiona la afirmación oficial de que las cuotas aportadas al ISSSTEZAC serían devueltas en un plazo de 90 días, pues la ley vigente no contempla ese procedimiento, salvo en casos de terminación formal de la relación laboral con el Estado, lo que a su juicio contradice el propio planteamiento gubernamental.

Tiscareño enfatiza que en toda negociación deben existir beneficios para ambas partes, y en este caso, mientras el gobierno lograría desahogar su nómina, no se observan ventajas claras para los trabajadores.

Finalmente, sostiene que un proceso de esta magnitud requiere mesas de diálogo, análisis técnico y participación amplia de sindicatos, autoridades estatales y federales, instancias como PROFEDET, IMSS, ISSSTE, ISSSTEZAC y la propia base magisterial. Solo así —afirma— los docentes podrán tomar decisiones informadas y conscientes sobre su futuro laboral.

El documento concluye subrayando que únicamente mediante el consenso y la discusión abierta será posible garantizar certeza, legalidad y claridad para quienes podrían verse afectados por la federalización.