Corte exhibe engaños oficiales en reforma del Issstezac, acusa abogado

ZACATECAS.– El abogado Jorge Rada Luévano, representante legal de trabajadores y pensionados afectados por la reforma a la Ley del Issstezac, reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucionales diversos artículos de la norma y afirmó que el instituto y el gobierno estatal deben rectificar las “mentiras” difundidas en los últimos meses.

La SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por el gobierno federal y invalidó los artículos 128 y 128 Bis, los cuales condicionaban el pago de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones del Issstezac a su supuesta “capacidad financiera”.

De acuerdo con el máximo tribunal, esas disposiciones contravenían principios constitucionales en materia de seguridad social y derechos laborales.

Confusión oficial y exigencia de aclaraciones

En contraste, la Corte mantuvo la validez del artículo 74, que reduce el aguinaldo de pensionados de 60 a 30 días, aunque este punto ha generado inconformidad entre los derechohabientes. Ante este escenario, Rada Luévano sostuvo que la interpretación oficial del gobierno estatal y del propio Issstezac ha generado confusión, al difundir mensajes que distorsionan el alcance real del fallo judicial.

El abogado señaló que estas declaraciones han tensado el clima entre trabajadores y pensionados, quienes exigen certeza jurídica, respeto a sus derechos adquiridos y una rectificación pública de la información difundida por las autoridades.

Precedente y presión social

Rada urgió a las autoridades estatales a transparentar el contenido jurídico de la sentencia y a poner fin a campañas de desinformación que, advirtió, debilitan la confianza de afiliados y jubilados en el sistema de seguridad social.

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Paralelamente, organizaciones de jubilados han acompañado la estrategia legal con protestas y la presentación de recursos ante la SCJN, con el objetivo de reafirmar que la seguridad social es un derecho fundamental y no un beneficio condicionado al presupuesto.

Con este fallo, la Corte establece un precedente relevante sobre los límites de las facultades estatales para modificar prestaciones sociales y obliga a revisar la narrativa pública en torno a un tema tan sensible como las pensiones y la seguridad social en Zacatecas.