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La senadora propone sanciones de hasta ocho años de prisión para intermediarios que abusen de productores, en medio de denuncias en Zacatecas por prácticas desleales en la compra de frijol.
ZACATECAS.- Con el objetivo de frenar abusos contra productores del campo, la senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para tipificar como delito el coyotaje agrícola en el Código Penal Federal. La propuesta surge en un contexto de inconformidad entre campesinos, especialmente en Zacatecas, entidad líder en producción de frijol.
La legisladora señaló que intermediarios obtienen ganancias desproporcionadas al comprar el frijol a precios muy bajos y venderlo hasta casi cuatro veces más caro.
“Existe una mafia de coyotes que no trabajó la tierra, pero sí se aprovecha de la necesidad de nuestros campesinos”, afirmó.

En ese sentido, recordó que 85 ejidatarios de la comunidad La Estrella, en el municipio de Pinos, denunciaron prácticas abusivas, como la negativa de compra a pequeños productores, mientras se privilegia a grandes acopiadores.
Durante recorridos por Jerez, Fresnillo y Guadalupe, Bañuelos explicó que su iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales para sancionar estas prácticas, que afectan tanto a productores como al equilibrio económico del sector rural.

La propuesta define el coyotaje agrícola como la intervención de intermediarios que obtienen beneficios indebidos mediante precios injustos, engaños en condiciones de pago, manipulación de básculas o retención de pagos. Además, contempla castigos de tres a ocho años de prisión y multas de hasta 234 mil pesos para quienes incurran en estas conductas, especialmente si hay coerción o amenazas.

Asimismo, la iniciativa endurece las penas cuando participe un servidor público. En esos casos, la sanción podría aumentar hasta en una mitad, junto con destitución e inhabilitación.
Como complemento, la legisladora propone crear un Registro Nacional de Intermediarios Agrícolas, con el fin de transparentar la actividad y establecer reglas claras para quienes participan en la comercialización.
“Esta reforma representa un acto de justicia para Zacatecas y para quienes sostienen el campo mexicano”, subrayó Bañuelos, al destacar que busca proteger a los productores frente a prácticas que vulneran su trabajo y sustento.