Niegan prisión domiciliaria a Rosario Robles

Rosario Robles. | Foto: cortesía.
Rosario Robles. | Foto: cortesía.

La ex funcionara se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

MÉXICO.- La ex secretaria de Sedesol y Sedatu del sexenio pasado, Rosario Robles seguirá en el penal femenil de Santa Martha Acatitla tras no otorgarle la prisión domiciliaria.

Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, determinó que la prisión domiciliara no resulta procedente en atención a la edad y mucho menos a sus padecimientos y estado de salud.

Asimismo se dijo que no ha variado la consideración consistente en la posible pena a imponer y que lo relativo a que las partes mintieran.

Luego de la audiencia con su madre, Mariana Moguel dijo que la decisión del juez:

“Confirmamos la venganza, es de muchísima tristeza que un juez con esa trayectoria se preste a las instrucciones de la venganza, desde el principio de la audiencia”.

“Ninguno de los otros que están en la misma causa penal han sido señalados o han sido convocados. Lo único que tiene de culpable es que se llama Rosario Robles y es mujer.

Ella está acusada, y quiero reiterarlo, de omisión y 2 años, 4 meses después no se ha comprobado absolutamente nada”, dijo.

El 28 de diciembre, Epigmenio Mendieta, abogado de la ex jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, indicó que las escusas que mantenían a Robles en prisión preventiva se habían terminado.

“Las escusas que se tenían para que Rosario Robles no pudiera estar en libertad se han terminado, tenemos certeza de su domicilio, tenemos certeza de su entorno familiar, no debe considerarse su capacidad económica y se ha destruido la licencia falsa”, indicó en entrevista para MILENIO Televisión.

Actualmente, Rosario Robles se encuentra en reclusión en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019.

Esto debido a su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público por un desvío de más de 5 mil millones de pesos.