López Obrador envía al Senado reforma al Poder Judicial

Poder Judicial de la Federación. | Foto: Cortesía.
Poder Judicial de la Federación. | Foto: Cortesía.

Mediante esta iniciativa López Obrador propuso elevar sanciones a jueces y magistrados.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado una iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial.

En ella se estableció un esquema de sanciones severas para castigar el nepotismo de jueces y magistrados. Se prevé la inhabilitación hasta por 20 años por la comisión de faltas graves.

Estas leyes actualizan la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual.

También prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal.

Así como de para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.

Las sanciones no graves consistirán en amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

El titular del Ejecutivo federal señaló que la iniciativa pretende mejorar el sistema de justicia. También, se sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados o nepotismo.

Estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas.

Asimismo se incluyó sanciones para las personas públicas o empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción.

Se busca aligerar la carga de los trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda enfocarse en sus facultados constitucionales.

En ese sentido, los Plenos Regionales, tendrán a su cargo resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción.

Además todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre los órganos jurisdiccionales.