Comisión en San Lázaro declara procedente consulta de juicio a expresidentes

Cámara de Diputados de México. | Foto: Cortesía.
Cámara de Diputados de México. | Foto: Cortesía.

La consulta popular para enjuiciar a los expresidentes es una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con mayoría de votos a favor, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; declaró procedente la consulta sobre el esclarecimiento de las decisiones de expresidentes.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para que se discutiera y votara estos días en el pleno.

De igual manera, se avaló la convocatoria a dicho ejercicio el 01 de agosto de 2021.

Este proyecto de decreto ya había sido aprobado antes en el Senado, y se estableció lo siguiente:

“Es procedente la petición de consulta popular presentada por el Presidente de la República”.

Señala que se cumple con el requisito de trascendencia nacional señalado por la Ley Federal de Consulta Popular.

La pregunta que los ciudadanos responderán con un sí o no es:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal; para empezar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Sin embargo, el legislador panista Felipe Fernando Macías comentó que la ley no se consulta, sino se aplica.

Comentó que si hay elementos para ello, se presenten las denuncias contra los expresidentes; Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por su parte, la diputada de morena, Tatiana Clouthier recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había avalado la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

De igual manera, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano; comentó que no hacen falta consultas para hacer justicia, sino es iniciar los procesos contra los funcionarios púbicos hayan cometido delitos en el pasado o en el presente.