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A esto se suman los elevados costos de energía eléctrica y combustibles, que han puesto en jaque a los productores.
ZACATECAS.- Empresarios del sector tortillero advirtieron que el precio del kilo de tortilla podría alcanzar los 32 pesos a principios de 2025; debido al alza en los costos de combustibles, electricidad, gas y diésel. Actualmente, el precio oscila entre 22 y 26 pesos; dependiendo de la zona.
Juan Carlos Dávila Arteaga, presidente del Consejo de Administración de la Gran Alianza de Industriales de la Masa y la Tortilla en México; explicó que los costos de producción han aumentado hasta un 200%, lo que dificulta mantener el precio actual.
Ante esta situación, descartó la viabilidad de la propuesta emitida recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum; que planteaba una reducción del 10% en el precio del kilo de tortilla.
Dávila Arteaga resaltó que el incremento en los combustibles, que se elevó al menos un 20% desde principios de año, hace insostenible mantener los precios.
Afirmó que, aunque buscan alternativas para evitar un aumento, la situación económica actual ha reducido considerablemente la demanda; con clientes que adquieren apenas tres a cinco pesos de producto.
Recientemente, cuatro o cinco empresarios del sector se reunieron con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué; para abordar el problema.
Sin embargo, indicaron que la responsabilidad debería recaer en el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard; quien podría atender de manera más adecuada el conflicto.
El presidente de la alianza también señaló que la inflación, junto con las sequías de los últimos dos años; ha afectado gravemente la producción de maíz y otros granos, generando severas dificultades para los campesinos de Zacatecas y otras regiones del país.
A esto se suman los elevados costos de energía eléctrica y combustibles, que han puesto en jaque a los productores. En breve, los empresarios decidirán sobre el posible ajuste al precio de la tortilla.
También lamentaron la falta de apoyos fiscales, laborales y económicos durante los últimos seis años, lo que agrava aún más la situación del sector.