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16 de octubre

Imagen Zacatecas edición del 16 de octubre de 2021

Académicos de la UNAM temen ser investigados por la FGR tras caso Conacyt

La UNAM consideró que la investigación contra científicos podría llevar a abonar a la desconfianza en las instituciones.
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CDMX.- La comunidad universitaria está preocupada por la acusación de corrupción a 31 científicos, informó el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Resulta de gran preocupación la acusación desproporcionada de que han sido objeto 31 académicos y funcionarios que estuvieron relacionados con el Foro Consultivo Científico y Controlado”, consideró dicha comunidad en la carta, que se emitió en respaldo al posicionamiento del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien la semana pasada calificó la acusación como “un despropósito”.

“Sin menoscabo de las aclaraciones administrativas que resulten pertinentes, salta a la vista la improcedencia de los delitos graves de los que se ha acusado a personas que se condenan a priori por diferentes instancias del sector publico, sin escuchar a las y los imputados y sin que exista la garantía de un debido proceso”, dijeron en la misiva.

Explicaron que lo ocurrido genera un ambiente de desconfianza y linchamiento.

Cabe recordar que la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, envió dos informes al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Informó que 31 funcionarios están acusados de gastar 561 millones de pesos de las finanzas públicas de forma injustificada.

En la misiva de este lunes, los académicos de la UNAM consideraron que esta acción puede llevar a abonar a la desconfianza en las instituciones educativas.

“Respaldamos con convicción y contundencia el mensaje emitido por el rector de nuestra universidad el 22 de septiembre”, ya que, al igual que él, expusieron, consideran “un despropósito inconcebible acusar de asociación delictuosa” a los académicos y funcionarios involucrados.

Por último dijeron que confían en la correcta aplicación de las leyes, la impartición de justicia y el respeto a los derechos fundamentales de los académicos señalados.

Terminaron asegurando estar convencidos de que solo “mediante la adecuada y respetuosa interacción entre la academia y el Gobierno se puede aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad”.

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