Alcalde de Mazapil y síndico podrían enfrentar hasta 6 años de cárcel por peculado

Gregorio Macías, alcalde de Mazapil.
Gregorio Macías, alcalde de Mazapil.

Ambos funcionarios tienen que aclarar el presunto desvío de un millón de pesos y la falta de entrega de la Cuenta Pública correspondiente a 2017 y 2018.

MAZAPIL.- Gregorio Macías Zúñiga, alcalde de Mazapil y la síndico Alma Lucía Leos Perales deberán aclarar el presunto desvió de más de un millón de pesos y la no entrega de la Cuenta Pública del ejercicio 2017 y 2018.

Al ser un delito contra la Ley General de Contabilidad Gubernamental, será el juez de control el que determine la sanción por la no entrega de la Cuenta Pública.

En el caso del peculado podrían enfrentar de tres meses a seis años de cárcel y resarcir el daño.

Esta última acusación es por haber desviado un recurso correspondiente al Fondo III hacia uno de gasto corriente.

Salvador Villa Almaraz, fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, dijo que la solicitud para retirar el fuero a ambos, es por la determinación de dos Ministerios Públicos y denuncias de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Ya integramos las copias de la carpeta de investigación para poder judicializar lo más pronto posible y el juez de control determine su sanción”, dijo.

Serán los diputados y el análisis de la Comisión Jurisdiccional, quienes decidan si acceden o no a la petición hecha por la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJEZ).

No es la primera vez que la FGJEZ pide a la Legislatura retirar el fuero para investigar a un alcalde.

En 2018, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco hizo la misma solicitud a la LXIII Legislatura en contra del exalcalde de Cañitas de Felipe Pescador, Oswaldo Sabag Hamadani.

Lamentablemente, este concluyó su administración, al igual que los servidores públicos involucrados, pero aún se les sigue investigando, refirió Villa Almaraz.

El fuero nos impide realizar una investigación directa”, dijo.

Por más judicializaciones

De acuerdo con Salvador Villa Almaraz, se tiene como objetivo la judicialización de 16 carpetas de investigación.

El funcionario, dijo que las carpetas ya judicializadas son por el actuar de los regidores públicos de ayuntamientos y servidores públicos del poder ejecutivo, así como cuerpos de seguridad.

Comentó que más 77 carpetas de investigación de la ASE por administraciones fraudulentas o el pago de obras no ejecutadas.

Actualmente se tiene un universo de 513 carpetas de investigación.