¿Por qué Nicaragua les quitó su nacionalidad a 135 ciudadanos? Esto dijo su Gobierno
Con esta decisión, la cifra de opositores nicaragüenses privados de su nacionalidad desde principios de 2023 alcanza los 451,
NICARAGUA.- El gobierno de Nicaragua ha revocado la nacionalidad y confiscado los bienes a 135 exdetenidos políticos, en una medida que ha generado controversia a nivel internacional.
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Esta decisión se tomó el martes por el poder judicial, que se encuentra bajo la influencia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y misma que ahora es criticada por organizaciones de derechos humanos y la ONU.
El tribunal de Managua ordenó la “pérdida de la nacionalidad nicaragüense” para estos individuos, acusados de cometer “delitos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense”. Además, se dispuso el decomiso de todos sus bienes, según un comunicado oficial. Esta medida afecta a un grupo de personas que, luego de salir de prisión, las enviaron la semana pasada a Guatemala con la mediación de Estados Unidos, en una práctica que la ONU ha condenado.
Pedro Gutiérrez, uno de los afectados, expresó su sorpresa por la rapidez de la medida. “Sabíamos que podía pasar algo así, pero no tan rápido”, comentó a la AFP desde Guatemala.
Gutiérrez, detenido en febrero de 2023 tras protestar por la liberación del obispo Rolando Álvarez, describió la decisión como un “golpe duro” y una sensación de “impotencia”.
Opinión internacional por órdenes de Nicaragua
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, calificó la medida de “actos inhumanos y crueles” que “solo sirven para aislar aún más a Nicaragua”. La ONU también ha criticado una nueva ley nicaragüense que podría intensificar la represión contra los exiliados.
El gobierno guatemalteco ha ofrecido a los nicaragüenses afectados la opción de solicitar asilo en su territorio, así como en Estados Unidos y otros países. Salvador Marenco, un abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, calificó la medida como una “prueba fehaciente” del “crimen de lesa humanidad de destierro” y la “persecución política”.
Con esta decisión, la cifra de opositores nicaragüenses privados de su nacionalidad desde principios de 2023 alcanza los 451, reflejando un endurecimiento de la represión bajo el régimen de Ortega.