Países de la ONU critican militarización de México con AMLO

En un encuentro crucial en Ginebra, Suiza, México se situó bajo la lupa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal 2024. Es la cuarta ocasión en que México se somete al análisis del cumplimiento de los derechos humanos, enfrentándose a las críticas de la ONU.

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El evento estuvo marcado por un intenso intercambio de más de 300 preguntas y recomendaciones, superando la cifra registrada en 2018. Los temas incluyeron militarización, agresiones contra periodistas y defensores humanos, violencia de género, y desafíos migrantes.

Militarización

Una de las principales preocupaciones destacadas fue la militarización y el papel de la Guardia Nacional, generando interrogantes directos de países como Gran Bretaña y Nueva Zelanda sobre los planes para “desmilitarizar” la vida pública y específicamente la Guardia Nacional, a lo que la representación mexicana defendió su carácter “civil”, una respuesta criticada por los colectivos de derechos humanos.

Discriminación

Los estados miembros también señalaron la discriminación contra afrodescendientes. Instan a acciones de respeto y reconocimiento a estos grupos, así como preocupaciones sobre altos niveles de impunidad y la falta de estrategias para abordarla.

Libertad de Prensa

Destacan menor libertad de expresión, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. La comunidad internacional hizo un llamado para garantizar la libertad de prensa. Buscan un enfoque para periodistas mujeres, y expresan preocupación por los altos niveles de feminicidios en México.

“Tenemos otros datos”

A pesar de las críticas internacionales, representantes del gobierno mexicano resaltaron avances en seguridad y políticas sociales, como la reducción de la pobreza y medidas para la inclusión laboral de las mujeres.

Ahora, México tiene hasta junio para analizar y decidir sobre las recomendaciones recibidas, en una nueva comparecencia en Suiza, donde se espera que las acciones se traduzcan en políticas públicas concretas para mejorar el respeto a los derechos humanos en el país, involucrando a la sociedad civil y a las víctimas en la toma de decisiones.