?¿Justicia laboral?

Tiene razón el presidente Enrique Peña Nieto cuando critica la cansina actuación de la justicia laboral del país, aunque él ve las cosas desde la perspectiva patronal cuando los aplazamientos constantes también los propician los victimarios. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son todo, menos entidades rápidas y eficaces. La del estado de Zacatecas no es una excepción, más bien encaja armónicamente en el cuadro de desarreglos denunciados por el primer mandatario hace unos días.

La impunidad, que con cinismo y paciencia tejen cotidianamente funcionarios y autoridades del área jurídica laboral, es escandalosa. No es posible que un caso sencillo tenga que esperar más allá de un sexenio para resolverse, si es que finalmente algún día se consuma el laudo correspondiente.

Es irritante que las razones de las demoras no tengan un fundamento sólido, sino excusas hilarantes que a la víctima sólo le queda la opción de apechugar, si no quiere que el peso de la venganza oficialista recaiga negativamente en su persona, esa sí, con sorprendente celeridad y contundencia.

En nuestra honorable Junta estatal, los cálculos de indemnizaciones y penas pasan de proyectista en proyectista, acaso por una sorprendente impericia algebraica, sin que el titular ponga un alto a este tránsito de la papa caliente. Son incapaces de llamar a algún becario de la Unidad de Matemáticas de la UAZ para que les enderece raudamente el entuerto que han prohijado con su agreste formación.

Es tal la magnitud de la alucinante parsimonia, que a uno no le queda otra alternativa que mal pensar y recurrir al laberinto de la conspiración entre patrones y burócratas, porque de otro modo es imposible comprender el marasmo existente. ¿Quién podría esperar sin rechistar 5 años y medio el resultado de una resolución de la máxima autoridad laboral del estado? Creo que nadie. Pero aquí todavía podemos descender varios pasos más en el purgatorio de la injusticia, antes de ser condenados a pasar una temporada en el infierno.

Imagen Zacatecas – Miguel G. Ochoa Santos