Dictámenes del cabildo

Carlos López Gámez.
Carlos López Gámez.

Durante años las sesiones del Cabildo, por decisiones incoherentes de quienes se desempeñaban como titulares del Ejecutivo Municipal, se realizaban en el más oscuro y nebuloso secreto. En consecuencia la comunidad jamás se enteraba de los asuntos que en su interior se trataban supuestamente en acatamiento a protocolos establecidos puesto que se relacionaban a quienes … Leer más

Durante años las sesiones del Cabildo, por decisiones incoherentes de quienes se desempeñaban como titulares del Ejecutivo Municipal, se realizaban en el más oscuro y nebuloso secreto. En consecuencia la comunidad jamás se enteraba de los asuntos que en su interior se trataban supuestamente en acatamiento a protocolos establecidos puesto que se relacionaban a quienes deberían de servir y atender sus más exigentes demandas.

Fue hasta la administración, por cierto caótica, correspondiente al ejercicio 86-88 cuando las cerradas sesiones que deben ser públicas, con excepciones de otras, se abrieron al público. En principio tan solo se permitía el acceso y permanencia voluntaria a los medios de comunicación, que sin tener idea de lo que se iba a tratar, abandonaban con frecuencia el recinto al resultarles las discusiones o debates tediosas y vacías.

A partir de esa fecha las sesiones del cabildo se empezaron a desarrollar abiertas al público en general. Incluso se permitía hacer uso de la voz a ciudadanos comunes que deseaban exponer ante regidores y al pleno diversos asuntos, pretendiendo con ello respuestas a las peticiones hechas a nombre de la comunidad; se les permitía participar en asuntos generales exponiendo personalmente alguna propuesta o demanda.

Dándole seguimiento a las sesiones de cabildo y analizando fríamente el contenido de la “orden del día”, los integrantes del cuerpo edilicio empezaron a enterarse de cuáles serían sus responsabilidades. Y así se dieron a conocer ante la comunidad.

Algunos regidores electos tenían idea de sus atribuciones, en su mayoría lo ignoraban. Contados sí sabían de sus derechos y obligaciones, lamentablemente el resto desconocían por completo sus inherentes funciones.

Generalmente por el desconocimiento de sus obligaciones se exhibían públicamente al hacer uso de la voz tan solo para hacer sentir deseos y propuestas intrascendentes. Algunas de ellas de inmediato fueron vetadas al someterse al escrutinio del pleno. Otras jamás tuvieron respuestas favorables a las peticiones aunque fueran razonables o viables.

De nuestros apuntes extractamos algunos asuntos que se trataron en la sesión ordinaria de cabildo celebrada el 31 de julio del 2001 en la escuela anexa a la Normal, ubicada en la calle Manuel Ávila Camacho, de la colonia Francisco Villa de esta ciudad. La orden del día consistía en 21 puntos. Se levantaba la sesión hasta que concluía el último punto.

Un asunto a tratar aparece en el número cuatro de la orden del día. Se relaciona al dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a la cancelación de saldos de deudores diversos. Esta decisión que sumó mayoría de votos para su inmediata aplicación vino a beneficiar a numerosos empleados municipales que disfrutaban de préstamos personales otorgados por la tesorería y de algunos contribuyentes muy allegados a la administración.

Por su parte el punto nueve corresponde al dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano con relación al cambio de vialidad del transporte urbano en las arterias céntricas de la ciudad. En esto se favorece la decisión de los camioneros de acuerdo a sus intereses particulares sin importar en lo absoluto las normas obligadas de tránsito y vialidad. Decisión que trajo en consecuencia el incontrolable caos vial.

En otros asuntos el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con relación a una solicitud de apoyo de 10 bicicletas que estaban a resguardo del Ayuntamiento y que se proporcionaron en comodato a la escuela Telesecundaria de la Colonia Guanajuato como apoyo a alumnas de la institución.

En la sesión del Cabildo a que hacemos mención uno de sus puntos de acuerdo a los analistas y medios de comunicación era el más álgido por “repercusión política”. Es el número 16, en el cual se aborda con lujo de detalles el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública relativo a “la usurpación de funciones que viene realizando el señor Felipe Monreal Huerta como titular de la oficina de gestoría del Gobierno del Estado de Zacatecas en esta ciudad de Fresnillo”.

Lo anterior captó totalmente la atención de asistentes porque de hecho se hacía pública denuncia de las “atribuciones” del responsable de la oficina de gestoría del Gobierno del Estado en esta ciudad. Independiente al “nombramiento” el titular de esa oficina era el padre del Gobernador en turno Ricardo Monreal Ávila.

Resulta que Don Felipe atendía a más personas y hasta resolvía todo tipo de asuntos en su oficina que el Alcalde José Chávez Sánchez en la Presidencia Municipal.

Se presentía un rompimiento violento. Pero inexplicablemente el inminente escandalo no trascendió. Entonces Fresnillo tuvo dos alcaldes a la vez. Cada cual en su trinchera era el mandamás. José Chávez Sánchez y Ricardo Monreal Ávila militaban en el PRD.

Quince años antes de este suceso, José Chávez Sánchez y Ricardo Monreal Ávila como priistas, se desempeñaban como Alcalde y secretario del Ayuntamiento en Fresnillo.

Centro de Investigaciones Históricas de Fresnillo, A. C.




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