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Una gran aportación al debate de la vida pública acaba de hacer el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), organismo del sector privado, al subir a escena el primer retrato hablado de las legislaturas locales sustentado en la normatividad de acceso a la información pública. El informe es el resumen de lo obtenido mediante 800 … Leer más
Una gran aportación al debate de la vida pública acaba de hacer el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), organismo del sector privado, al subir a escena el primer retrato hablado de las legislaturas locales sustentado en la normatividad de acceso a la información pública. El informe es el resumen de lo obtenido mediante 800 solicitudes de información.
El poder de los intereses creados para resistir la transparencia lo pone de manifiesto el hecho de que solamente 13 de 32 congresos locales proporcionaron la información correspondiente a sus respectivos presupuestos de egresos para el año en curso.
Más allá de la información correspondiente a cada Legislatura en particular, lo relevante en que el informe repara en la conexión existente en la corrupción de los gobernadores y la de sus respectivos diputados, porque amplias porciones de la sociedad aún no vinculan las acciones y omisiones de la representación popular con el desempeño del Poder Ejecutivo como cabeza de la administración pública.
La propia cobertura mediática de los escándalos de los exgobernadores en desgracia se queda en la responsabilidad de los Duarte, Borge, Yarrington y demás sin reparar en la responsabilidad de las legislaturas que acompañaron a los ahora caídos en desgracia
El descontento ciego por fuerte que sea es incapaz de producir cambios, cuando la gente se auto paraliza con afirmaciones que más que un razonamiento expresan un estado de ánimo se condena a seguir soportando lo que le oprime, por eso frases como “todos son iguales” y la catarata de insultos que profieren los que así externan su malestar no hace más que reforzar las causas de sus disgusto, por eso es de valorarse la aportación a la reflexión colectiva el sector más modernizante de la iniciativa privada que ve amenazada su propia existencia en el “capitalismo de compadres” en dónde el éxito y la sobrevivencia son determinados por la capacidad corruptora. Indagaciones como la que nos ocupa ofrecen luces sobre el camino a seguir en la creciente rebelión ciudadana en contra del deteriorado régimen.
Los hay peores
Puede decirse que a la legislatura zacatecana no le va tan mal en el informe citado desde el momento en que en el rubro de Desempeño Legislativo la Sexagésima Segunda Legislatura ocupa el segundo lugar, tan solo detrás de Baja California, ese apartado, según el texto del informe “Analiza el número de sesiones, comisiones y recursos humanos de los congresos locales, así como funciones de contrapeso y fiscalización”.
Vale destacar que en cuanto a las herramientas legislativas y demás privilegios no agrega nada nuevo en el caso de Zacatecas pues en esta legislatura se ha debatido abiertamente y se han presentado iniciativas al respecto (apenas en la semana se aprobaron reformas a la ley orgánica entre las cuales figura una que presenté y que en lo personal juzgo trascendente, referente a que en lo sucesivo, la enajenación de patrimonio del poder legislativo deberá aprobarse por mayoría calificada, poniendo así punto final a controvertidas operaciones como las de la adquisición de vehículos al inicio que se vendían al final de cada legislatura)
Dice Juan Pardinas en su más reciente columna en el diario Reforma al abordar el informe del IMCO sobre los congresos locales algo que suscribo en su totalidad “Mientras tengamos congresos locales podridos por los privilegios y la falta de transparencia, México tendrá gobernadores corruptos”.
No nos acostumbremos
Hace unos días trascendieron tres escándalos que ya no conmocionan de tan repetidos: En Chihuahua, veintitrés diputados locales que votaron a favor de autorizar la contratación de más deuda a César Duarte costaron 22 millones de pesos, solo un legislador otorgó su consentimiento a endeudarse aparentemente a cambio de nada.
En Veracruz sale a la luz que Javier Duarte empleó 150 millones de pesos para sobornar diputados de las dos legislaturas que acompañaron su gestión gubernamental. En San Luis Potosí, un presidente municipal grabó e hizo público el relato cínico de un diputado panista acerca de cómo funciona la red de corrupción con la participación de otros diputados del PRD y del PRI y el Auditor Superior de esa entidad, haciendo estallar la furia ciudadana provocando por lo pronto solicitudes de licencia de diputados y renuncia del Auditor.
No debemos seguir eludiendo una realidad presente en Zacatecas y todo México.
Comprar voto de legislador es delito, venderlo también, pagar para maquillar cuentas públicas es delito, maquillarlas también lo es, bajar recursos a cambio de “un moche” es delito, pagar el “moche” también. En otros países se paga con cárcel.
Qué bueno que una parte del sector privado aporte luz al respecto, (otra parte está inmersa en el lodo). Nos encontramos el jueves en el Recreo.
Imagen Zacatecas – J. Luis Medina Lizalde
