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Especialistas en salud han señalado que la endometriosis y la dismenorrea incapacitante pueden generar dolores intensos y limitaciones físicas temporales, afectando el desempeño laboral y la calidad de vida de quienes las padecen.
ZACATECAS.- El Periódico Oficial del Gobierno del Estado publicó la reforma a la Ley de Servicio Civil de Zacatecas que establece licencias menstruales para mujeres y personas menstruantes que laboran en la administración pública estatal.
De acuerdo con la modificación legal, quienes sean diagnosticadas por un especialista en ginecología con endometriosis grado dos o dismenorrea incapacitante tendrán derecho a dos días de licencia con goce de sueldo al mes. Esta medida, aprobada el 28 de noviembre del año pasado por la LXV Legislatura, ya entró en vigor.
Para acceder a este beneficio, las trabajadoras deberán presentar ante el área correspondiente de su centro laboral un certificado médico emitido por personal especialista en ginecología. De manera preferente, el documento deberá provenir de instituciones del Sistema Nacional de Salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La iniciativa fue impulsada por la diputada Renata Libertad Ávila Valadez y obtuvo el respaldo unánime de las y los legisladores locales. Con esta reforma, Zacatecas se coloca a la vanguardia en la protección de los derechos laborales y de salud menstrual, siguiendo la tendencia internacional que busca reconocer las afectaciones físicas y emocionales derivadas de estas condiciones.
Especialistas en salud han señalado que la endometriosis y la dismenorrea incapacitante pueden generar dolores intensos y limitaciones físicas temporales, afectando el desempeño laboral y la calidad de vida de quienes las padecen.
La medida, destacaron autoridades, busca garantizar que las trabajadoras reciban un trato digno y justo, sin que su salud sea motivo de discriminación o pérdida salarial. Asimismo, se subrayó que su implementación requiere coordinación entre las dependencias estatales y el personal médico para asegurar el correcto acceso a este derecho.