Zacatecas, el estado número 17 en despenalizar el aborto

ZACATECAS.- Entre acusaciones de hipocresía y en una sede alterna, diputados aprobaron la despenalización del aborto, convirtiéndose Zacatecas en el estado número 17 del país en legalizarlo.

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Cabe destacar que, el dictamen responde a un mandato judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. El cual exige al Congreso de Zacatecas cumplir con una sentencia relacionada con derechos reproductivos.

La aprobación en lo general se dio con 21 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. Es por ello que Dayanne Cruz señaló que sólo se acatará una orden judicial y criticó que el dictamen no contenga ningún párrafo dedicado a la salud de la mujer.

“Si hoy se aprueba este dictamen no es porque lo queramos, es por una orden para acatar al Tribunal”, afirmó tras calificar como hipócritas a sus compañeros diputados.

Los diputados sesionaron en una sede alterna, debido a que el Congreso del Estado fue tomado por el Frente Nacional de la Familia, que buscaba impedir la aprobación del dictamen.

Estas reformas buscan establecer un marco jurídico más claro respecto a los derechos reproductivos y la interrupción del embarazo.

La diputada Lyndiana Bugarín destacó que las restricciones en torno al aborto son especialmente críticas en el estado, por lo que la mayoría de las mujeres recurren a métodos inseguros.

“Criminalización del aborto en Zacatecas impide que las mujeres busquen la atención”, asegura Lyndiana Bugarín

Señaló que la criminalización del aborto impide que las mujeres busquen la atención que requieren, por lo que resaltó la necesidad de evitar la cárcel para quienes que lo hacen.

Desde una perspectiva feminista, señaló la importancia de que las mujeres puedan decidir sobre sus vidas y destacó el machismo impregnado en la ley.

Destacó la importancia de que todas las mujeres, sin importar su situación económica, tengan las mismas oportunidades para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo.

Entre los cambios más destacados, se establece que el aborto es la interrupción del embarazo después de las primeras 12 semanas de gestación.

Además, se añadió un segundo párrafo que especifica que el embarazo comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

El artículo 311 establece sanciones de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 jornadas de trabajo comunitario para quienes procuren un aborto después de las primeras 12 semanas.

Las sanciones aplican tanto para la persona gestante como para quien lo realice con su consentimiento. Este delito solo será punible cuando el aborto haya sido consumado.

Asimismo, se incorporó el artículo 311 Bis, que tipifica el aborto forzado como delito, imponiendo penas de tres a seis años de prisión. Si el acto incluye violencia física o moral, la sanción se incrementará a seis o 10 años.

Además, se establece una suspensión de dos a cinco años para médicos, parteras o comadronas que participen en este delito.

El artículo 313 establece nuevas causales de exclusión del delito de aborto, entre ellas, cuando el embarazo sea resultado de violación o inseminación artificial no consentida.

Asimismo, se incluye el riesgo de muerte o daño grave para la salud de la persona gestante, o alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto.

En estos casos, los médicos deben proporcionar información objetiva, suficiente y oportuna para que la decisión sea libre e informada.

El Dictamen no se les proporcionó con tiempo para su análisis

Por su parte, la diputada panista María Teresa López García aseguró que el dictamen no se les proporcionó con tiempo para su análisis.

Le dio voz a los grupos pro vida, que dijo, han luchado para defender la vida como un derecho humano. Aseguró que es una reforma, que deja una puerta abierta para el asesinato de miles de niños inocentes, que están por nacer.

La diputada Isadora Santivañez destacó el derecho de las mujeres a decidir sin miedo y sin juicios y destacó que las restricciones no limitan las necesidades.

Renata Ávila detalló que, aunque se trata de una resolución judicial, se eliminan elementos discriminatorios como la buena fama.

“Este momento no es sólo una definición legislativa, es la definición de una lucha histórica”, afirmó.