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Rechazamos aumento de tarifas de agua potable: Ulises Mejía Haro

El alcalde capitalino Ulises Mejía Haro ratificó su postura de rechazo de manera tajante al incremento a la tarifa del agua potable por la JIAPAZ.

Redacción Zacatecas

   |  9 febrero, 2020

Foto: Captura de pantalla.

El alcalde capitalino Ulises Mejía Haro ratificó su postura de rechazo de manera tajante al incremento a la tarifa del agua potable por la JIAPAZ, luego de que fuera aprobado por mayoría en la última sesión del organismo.

El primer edil enfatizó que el pasado mes de noviembre votó en contra durante la votación sobre el incremento, se opuso a la medida ya que no resuelve el problema de manera integral y solo afecta a la economía de las familias de más bajos recursos, postura que también respaldaron los alcaldes de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, Vetagrande, Manuel de Jesús González Acosta y Morelos, Eduardo Duque.

“Desde el año pasado los alcaldes fijamos una postura muy clara de ir en contra del aumento de estas tarifas ya que es excesivo y no soluciona el problema en su totalidad, por ello planteamos un gran acuerdo donde se pudiese realizar un proyecto multianual que incluso trascendiera administraciones estatales y municipales, donde hubiese compromiso de invertir en la sustitución de tuberías de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento, con el apoyo y el respaldo del Gobierno de México, específicamente del área de CONAGUA, de la Secretaría del Medio Ambiente de Gobierno del Estado y los propios ayuntamientos”.

Explicó que el Consejo Directivo de la JIAPAZ está integrado por 10 miembros donde se sometió a votación la propuesta de incremento tarifario y en la que los alcaldes solo tuvieron la oportunidad de manifestarse en contra, ya que solo tuvimos 4 votos contra 6 de los representantes del gobierno federal, estatal, del representante ciudadano y del director de la Jiapaz; después solicitamos la revisión de que se revirtiera ese incremento, donde lamentablemente nos volvieron a mayoritear”.

Ulises Mejía Haro enfatizó que la imposición unilateral de poner la eficiencia y viabilidad financiera del organismo a costa del bolsillo de las familias representa una afrenta contra la ciudadanía, la cual con justa razón se manifiesta en contra; por lo que refrendó su postura de implementar la austeridad en el gasto administrativo de la JIAPAZ e impulsar una campaña sobre cultura del cuidado y uso racional del agua.

El edil capitalino reconoció que existe un déficit en el organismo debido a los altos costos de la energía eléctrica para la extracción, tratamiento y conducción del agua potable; sin embargo, enfatizó que “no se puede afectar las finanzas de las familias más vulnerables, por lo que se requiere de la participación y el compromiso de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía”.

Como parte de esta propuesta, destacó la necesidad de que el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y los cuatro municipios que integran el Consejo Directivo destinen una inversión multianual por 10 años suficiente para atender la infraestructura hidráulica y su mantenimiento, además de buscar la coordinación de los tres órdenes de gobierno para construir plantas de tratamiento para el reúso agrícola e industrial del agua y para la desalinización del vital líquido y con ello mejorar la calidad del agua y evitar la obstrucción de tuberías por acumulación de minerales.

El alcalde señaló que su propuesta fue respaldada por los alcaldes vecinos para que el incremento no se registrara de forma excesiva, sino de una manera gradual acompañada de un proyecto integral, aunque fue desechada por los integrantes del Consejo: “sabemos de la problemática que enfrenta la JIAPAZ, que tiene un problema grande con el tema financiero, por ello la importancia de generar un gran acuerdo.

Ulises Mejía Haro insistió en que actualmente existe la solicitud expresa de modificar la integración del Consejo, para que los alcaldes tengan mayor representación ponderada en la toma de decisiones al seno de este organismo: “no es posible que estemos relegados de un mandato constitucional porque somos los que como ayuntamientos estamos obligados a dar el servicio.

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