Proponen penalizar la posesión de ponchallantas para frenar la inseguridad

Diputados locales propusieron tipificar la posesión de ponchallantas y penalizar el delito para frenar el incremento de robos y delitos violentos en calles y carreteras.

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La diputada Guadalupe Isadora Santiváñez Ríos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó en el Congreso la  iniciativa para reformar el Código Penal del estado.

La propuesta surge ante el creciente uso de ponchallantas para detener vehículos en actividades ilícitas.

La diputada señaló que Zacatecas ha enfrentado un aumento significativo en delitos de robo de vehículos y asaltos armados en los últimos años.

Estos actos, cada vez más comunes en las carreteras, han alcanzado un nivel crítico, lo que afecta la vida cotidiana y seguridad de la población.

Señaló que los delincuentes utilizan los ponchallantas como herramientas para desactivar autos y facilitar el robo de vehículos o la comisión de otros delitos.

La propuesta legislativa modifica el Artículo 140 del Código Penal de Zacatecas para considerar los ponchallantas y dispositivos similares como armas prohibidas.

Con esta iniciativa, sancionarán la posesión o portación de ponchallantas sin causa justificada con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de una multa económica.

También busca aumentar las penas en casos donde se demuestre que delincuentes emplearon ponchallantas contra fuerzas de seguridad o elementos de las fuerzas armadas.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, el robo de vehículos ha crecido un 30% en Zacatecas en el último año, donde se utilizan ponchallantas.

“Es fundamental enviar un mensaje claro de que la violencia y el uso de dispositivos que amenazan la seguridad pública no serán tolerados”, declaró.

Añadió que las estadísticas de delitos relacionados y los testimonios de las víctimas demuestran la necesidad de tomar medidas urgentes para disuadir a los delincuentes.

La iniciativa también busca fortalecer la cultura de la legalidad, al establecer sanciones claras que desalienten la violencia y promuevan la colaboración ciudadana en la denuncia de crímenes.

En caso de implementación, los cuerpos de seguridad contarían con mayores herramientas para intervenir al detectar la posesión de estos dispositivos, facilitando así acciones preventivas.