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La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y posible dictaminación.
ZACATECAS.- La senadora Geovanna Bañuelos propuso reformas a diversas leyes para garantizar la seguridad e integridad de los prestadores del servicio social, incluyendo modificaciones al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional, así como a la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Educación.
Bañuelos busca redefinir el servicio social como actividades de carácter social que deben realizar estudiantes y profesionistas con retribución y en beneficio de la sociedad, el estado y su formación académica. Además, propone permitir a los prestadores elegir dónde realizarlo, asegurando que este contribuya a su desarrollo integral académico y profesional.
La iniciativa establece que las instituciones educativas y receptoras deberán velar por la integridad física y mental de los prestadores y evitar que realicen su servicio social en condiciones que pongan en peligro su seguridad, salud o vida.
La senadora recordó casos trágicos, como el de Luis Fernando Montes de Oca Armas, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, asesinado en 2021 en Valparaíso, Zacatecas, y el de Mariana Sánchez Dávalos, pasante de Medicina, hallada muerta en 2021 en Ocosingo, Chiapas. Estos casos, afirmó, evidencian la falta de garantías para los estudiantes que realizan su servicio social en México.
Desde su origen, el servicio social fue concebido como una actividad clave para el desarrollo profesional y humano, fomentando en los estudiantes un sentido de responsabilidad social. Sin embargo, los prestadores han enfrentado retos complejos, afectando su salud mental y física, e incluso arriesgando sus vidas.
Bañuelos destacó que su propuesta también incluye la obligación de la Secretaría de Educación de implementar un procedimiento especial para atender quejas de los prestadores y emitir medidas que garanticen la no repetición y reparación integral del daño.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y posible dictaminación.