Legislatura del Estado podría proceder con juicio político contra David Monreal

ZACATECAS.- Luego de que la Legislatura del Estado anulara la designación de magistrado del Tribunal de Justicia Burocrático, el diputado Enrique Laviada, presidente de la comisión jurisdiccional en la 64 Legislatura explicó el proceso de este tema.

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En una entrevista para La Voz 96.1 FM dijo que no se puede aceptar este método debido a que está plagado de malos procedimientos.

“Yo no sé quién quiere hacerle tanto daño al gobernador ahí adentro de su equipo, pero así fue lo tuvimos que rechazar hay una orden de un juez para detener este procedimiento y tenemos que acatarlo, eso es lo que dice la constitución”.

Aseguró que no fue respetado el Artículo 115 constitucional que es donde se marcan los procedimientos que deben seguirse para el nombramiento de funcionarios de este nivel.

Ahora corre el trámite de juicio de amparo y también hay una suspensión provisional.

“El tribunal laboral sigue con una magistratura vacante en tanto el juez no resuelva lo relacionado con el amparo interpuesto por el señor Jesús Bautista Capetillo está en su derecho de hacerlo y por lo tanto no sabemos si tenga o no la razón es esa no la determina el congreso eso lo determina los jueces del tribunal entonces el juez tendrá que tomar una determinación en algún momento pero mientras eso sucede nosotros tenemos que acatar su resolución en el sentido de respetarle al ciudadano el amparo de la justicia”.

En este caso se habla de una posible violación de los artículos del 108 al 114 de la Constitución y eventualmente vendrían las posibles sanciones por las responsabilidades de un posible desacato.

Ante esta perspectiva se convierten en dos escenarios, uno en la materia política que, si corresponde a los legisladores, de ir al juicio de procedencia o al desafuero y segundo el inicio de la acción penal que tendría que llevarse a cabo ante el juzgado de la materia.

“Qué es lo que puede resultar pues probablemente un delito y eso tiene que regresar a la Comisión jurisdiccional para ver si ahí procedería un juicio político en contra del gobernador”.

Ahora resta esperar los resultados de este procedimiento y verificar si efectivamente hay incumplimiento del artículo 206 de la Ley de Amparo, el 110 de la Ley del Código Penal Federal y todo lo que ahora implique en términos de un eventual juicio político o procedencia o inicio de juicio penal en la materia por incumplimiento a una sanción o una determinación de orden judicial.