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Julieta del Río Venegas, excomisionada del I(INAI) | Foto: Cortesía
Excomisionada del INAI alerta que la falta de autonomía y leyes secundarias pone en riesgo derechos fundamentales.
CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso de extinción de los órganos garantes de transparencia en las entidades federativas avanza en México de manera fragmentada y desordenada, sin una ruta homogénea ni reglas claras. Mientras algunos estados ya concluyeron formalmente la transición, en otros persisten esquemas provisionales, ausencia de leyes secundarias y modelos administrativos que no garantizan autonomía técnica ni especialización, advirtió Julieta del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Estamos frente a un mapa nacional fragmentado, donde cada estado ha interpretado la transición a su manera, sin reglas claras y sin una visión común para garantizar derechos”, afirmó.
Aguascalientes fue la primera entidad en extinguir su instituto de transparencia, en mayo de 2025, al transferir sus funciones a la Contraloría del Estado, sin asignar un presupuesto específico ni crear una estructura especializada. Este mismo esquema se replicó en Colima, Baja California Sur y Morelos, donde las atribuciones quedaron bajo instancias administrativas y no bajo órganos garantes de derechos.
“Cuando la transparencia se traslada a áreas administrativas sin autonomía ni especialización, el derecho se debilita y se convierte en un trámite, no en una garantía para la ciudadanía”, subrayó Del Río Venegas.
En Jalisco, el instituto cerró operaciones en noviembre de 2025 sin que existieran previamente leyes secundarias que regularan la transición, lo que generó un vacío institucional. En Zacatecas, el órgano fue extinguido en junio, y hasta el momento no se ha creado un órgano desconcentrado que asuma formalmente sus funciones.
Otros estados, como Sinaloa, continúan operando bajo esquemas transitorios, sin plazos definidos ni claridad sobre el modelo sustituto. En San Luis Potosí, el instituto sigue en funciones, pero únicamente con dos comisionados, situación que ha afectado su capacidad para resolver asuntos.
“Los esquemas provisionales no pueden normalizarse. La falta de definición institucional tiene consecuencias directas en la atención de recursos, en la protección de datos personales y en la confianza ciudadana”, advirtió la excomisionada.
Si bien entidades como Coahuila, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Yucatán y Tabasco han puesto en marcha órganos desconcentrados, los modelos implementados son heterogéneos y carecen de claridad normativa, lo que fragmenta la garantía del derecho a la transparencia y se aleja del espíritu de la Ley General.
Del Río Venegas recordó que los estados que han cerrado formalmente sus institutos de transparencia son: Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Colima, Baja California, Yucatán, Baja California Sur, Morelos y Durango.
En el caso de la Ciudad de México, el instituto permanece jurídicamente vigente, pero no puede sesionar debido a la falta de quórum, lo que mantiene en suspenso la resolución de asuntos y el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
“El problema no es solo la desaparición de los institutos, sino la ausencia de una transición ordenada, con reglas claras, autonomía técnica y responsabilidad institucional. Mientras eso no ocurra, los derechos seguirán en pausa”, concluyó.
