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Con este dictamen, las autoridades están ahora obligadas a coordinarse para ejecutar las acciones ordenadas, en un proceso que será vigilado con atención por la ciudadanía.
ZACATECAS.- El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas resolvió otorgar la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1117/2025 presentado por creadores y promotores del arte y la cultura, en coordinación con la organización Ciudadanía Participativa, mediante el cual se ordena el retiro inmediato de maquinaria y escombros del polémico viaducto elevado en la zona metropolitana de la capital.
La sentencia responde a la preocupación de vecinos, activistas y organizaciones civiles por los daños ambientales, urbanísticos y de movilidad causados por el proyecto, que desde su anuncio ha sido objeto de fuertes críticas por presuntas irregularidades en su planeación y ejecución.
El resolutivo judicial, que se deriva de una serie de recursos interpuestos por colectivos ciudadanos, obliga tanto a la empresa responsable de la obra como a las autoridades estatales y municipales a cumplir con la disposición sin demora.
El juzgado subraya la urgencia de liberar el espacio público afectado y restituir el terreno a sus condiciones originales, al tiempo que advierte que el incumplimiento podría acarrear sanciones legales para las partes involucradas.
La decisión también contempla que el proceso de retiro y limpieza deberá realizarse bajo supervisión directa de instancias judiciales y organismos de derechos humanos, a fin de garantizar el respeto a los derechos de los habitantes.
Este fallo representa un precedente legal relevante para futuros proyectos de infraestructura en el estado, particularmente en lo que refiere al respeto de los derechos colectivos y la protección del entorno urbano y ecológico.
Para los miembros del Colectivo de Cultura y Arte de Ciudadanía Participativa de Zacatecas, la resolución es un reconocimiento al esfuerzo sostenido de la sociedad civil por incidir en la toma de decisiones públicas.
Con este dictamen, las autoridades están ahora obligadas a coordinarse para ejecutar las acciones ordenadas, en un proceso que será vigilado con atención por la ciudadanía y los organismos defensores de derechos humanos.
