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En lo que va de la administración suman 500 expedientes concluidos que derivaron en la inhabilitación de 25 servidores públicos; alrededor de 900 observaciones siguen su proceso de investigación. Pula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo que un número importante de expedientes se vinieron arrastrando desde el 2012, … Leer más
En lo que va de la administración suman 500 expedientes concluidos que derivaron en la inhabilitación de 25 servidores públicos; alrededor de 900 observaciones siguen su proceso de investigación.
Pula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo que un número importante de expedientes se vinieron arrastrando desde el 2012, más los que surgieron en esta administración.
“Algunos procedimientos fueron concluyendo y otros iniciando, pero continúan las investigaciones de cada caso”, expresó.
Una parte importante de los expedientes concluidos, mencionó, derivaron de observaciones a ayuntamientos sobre irregularidades en la aplicación de recursos y procesos para la realización de proyectos.
En la mayoría de los casos los servidores pudieron solventar las observaciones, debido a que tuvieron por Ley el derecho a impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, comentó.
Informó que en lo que va de esta administración van 500 expedientes concluidos que derivaron en múltiples sanciones y la inhabilitación de 25 funcionarios públicos de diversos ayuntamientos y dependencias.
“Hubo casos donde no devino ninguna sanción, en otros si hubo suspensiones e inhabilitaciones”, mencionó.
En este momento, señaló, la SFP tiene abiertas alrededor de 900 carpetas de investigación, donde la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) encabeza la lista de casos.
La titular dijo que se realizarán diversas actividades para atender los posibles casos de funcionarios involucrados en los procesos electorales, debido a que los titulares ya fueron informados sobre la forma de actuar durante la veda política.
“A través de la Coordinación Jurídica se emitieron los criterios o la guía de como actuar en este periodo electoral”, indicó.
En el caso de servidores de menor rango, expresó, la dependencia inició diversos cursos de capacitación, donde se les mostró el proceso para denunciar la posible desviación de recursos para campañas políticas.
Cuando el funcionario use su cargo para intervenir en campaña se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa, si se trata de un delito electoral corresponderá a los órganos competentes, agregó.
Imagen Zacatecas – Noé Marín
