FGJE y Gobierno de Zacatecas buscan solución para las manifestaciones

ZACATECAS.- Gobierno de Zacatecas y FGJE analizaron la ruta que permita atender las demandas de las y los trabajadores de la institución ante las peticiones de su manifestación.

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Se señaló que estuvieron trabajando en la mejor opción para atender las demandas que resulten justas para convocarlos a una mesa de diálogo sin la presencia de políticos externos.

Problemas que ocasionan las manifestaciones de la FGJE

Los cierres derivados del bloqueo impiden el ejercicio de las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público, con la consecuencia de impedir la adecuada investigación y persecución de los delitos.

Obstaculizan la debida custodia del Banco de Armas en la que se encuentran resguardadas 470 armas cortas y 480 armas largas, así como la adecuada atención y conservación de 290 cadáveres no identificados que se encuentran bajo resguardo.

Otra de las consecuencias de los cierres es la imposibilidad de recabar denuncias y recibir personas detenidas por la probable comisión de delitos, ello violenta el debido proceso y se incumple la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

También imposibilita recibir y brindar atención médica y psicológica de urgencia a las víctimas, lo que constituye una violación grave a sus derechos humanos; no contar con servicio médico forense para la recepción de cuerpos sin vida y la aplicación de los protocolos correspondientes de necropsia, reconocimiento y entrega a sus familiares, niega el acceso a la justicia pronta y expedita como a la dignidad póstuma.

No monitorear la temperatura de las cámaras frías en que se conservan los cadáveres genera el riesgo de su descomposición, violenta los derechos de dignidad póstuma.

No brindar atención inmediata a los delitos de alto impacto (Homicidio, Secuestro, Feminicidio, Desapariciones, Privaciones) implica un alto riesgo a la seguridad pública.

No tener acceso a las carpetas de investigación conlleva que no se atiendan las audiencias programadas adecuadamente, afectando los derechos procesales de las víctimas e imputados, con el riesgo del vencimiento de plazos cuya consecuencia directa es la impunidad.