Extorsión afecta al 70% del sector productivo en Zacatecas: Saúl Monreal

ZACATECAS – El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, advirtió que al menos el 70 por ciento de los sectores productivos en Zacatecas están siendo víctimas de extorsión, situación que calificó como insostenible y que debe ser enfrentada con urgencia mediante la recientemente aprobada Ley General de Extorsión, a la cual consideró una herramienta clave para todo el país.

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El legislador señaló que, tras los reportes sobre el presunto control en la venta de materiales a contratistas y constructores, ha quedado en evidencia que la problemática se extiende a diversas ramas productivas, incluyendo la agricultura, ganadería y minería.

“No queremos michoacanizar a Zacatecas”, advirtió Monreal Ávila, al expresar su preocupación por los niveles de control delictivo en varias regiones del estado.

Extorsión en Zacatecas

Detalló que productores de frijol, guayaba, tuna, mezcal y ganado, así como mineras ubicadas en Fresnillo, Mazapil, Zacatecas capital y Sombrerete, han sido víctimas de extorsión por parte del crimen organizado. Sin embargo, lamentó que la mayoría de los afectados no denuncia por la falta de confianza en las autoridades.

A pesar de ello, el senador expresó confianza en que, con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, se podrá enfrentar este delito con mayor eficacia.

Monreal Ávila hizo un llamado urgente a las autoridades estatales, municipales y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que construyan una estrategia seria, articulada y objetiva contra la extorsión. Recordó que este delito es uno de los que menos han disminuido en el país, lo que genera un clima de desánimo ciudadano y frena la inversión.

Presunto fraude en la Delegación del Bienestar

En otro tema, el senador se refirió al presunto fraude de 9.5 millones de pesos en la Delegación del Bienestar en Zacatecas, a través del uso de tarjetas. Afirmó que, de confirmarse, se trataría de un hecho grave que amerita cambios dentro de la dependencia.

Asimismo, advirtió que dentro de la estructura de dicha delegación ya se perciben prácticas adelantadas de campaña electoral, lo cual —consideró— representa un riesgo para la institucionalidad de los programas sociales.