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Elecciones Zacatecas 2021: Fomentan la cultura de la legalidad con el curso ‘Delitos Electorales’

El INE fomenta la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana con el curso virtual 'Delitos Electorales'.
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ZACATECAS.- Este miércoles se llevo a cabo el curso virtual ‘Delitos Electorales’, con el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana, así como identificar las conductas que puedan constituir este tipo de delitos.

El evento fue organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

Matías Chiquito Díaz de León vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas explicó que anteriormente los delitos electorales más comunes eran la alteración de documentos electorales como actas y boletas. Sin embargo, actualmente el tema de coacción se ha incrementado.

Ana Patricia Gaytán Tapia, Subdirectora de Área adscrita a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos de la FEDE abonó al comentar que para identificar los delitos se basan en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual contiene 29 artículos.

Dentro de ésta ley, se establece que se considera como delito electoral la alteración del registro federal de electores, así como el uso de recurso público federal para campañas electorales.

De igual manera ejemplificó que los delitos electorales pueden darse en distintas etapas de las elecciones.

Como en la preparación de la elección donde se tienen que dar a conocer un padrón autorizado de proveedores de los partidos políticos, si una empresa que no está registrada brinda sus servicios se incurre en un delito electoral.

Durante la jornada electoral se ejemplificó que quien haga proselitismo, o presione a los electores el día de la votación, o retenga las credenciales para votar incurre en un delito electoral.

Gaytán Tapia aclaró que no son delitos graves y quien haya incurrido podrá enfrentar su procedimiento en libertad bajo el pago de fianza, a excepción de aquellos que hayan hecho uso de programas sociales con fines electorales.

En cambio, para los funcionarios electorales que incurran en cualquier delito podrán ser acreedores de 50 a 200 UMAS y prisión de dos a seis años.

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