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Miguel Varela Pinedo y Jorge Miranda Castro. | Foto: Cortesía.
Varela Pinedo expresó su indignación, afirmando que esta situación constituye una competencia injusta, ya que el alcalde utiliza recursos públicos del ayuntamiento para promoverse.
ZACATECAS.- La Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Zacatecas ha presentado una denuncia formal contra Jorge Miranda por utilizar fondos públicos en la entrega de tinacos y despensas del ayuntamiento de Zacatecas para beneficiar su campaña. Esta denuncia, presentada por el equipo legal del candidato a la alcaldía de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, revela una posible corrupción en el proceso electoral.
De acuerdo con el expediente PES/IEEZ/CM059/2024, el alcalde con licencia, Jorge Miranda Castro, habría cometido actos ilícitos al emplear recursos públicos para promocionar su candidatura.
La denuncia describe la presunta distribución de despensas y tinacos por parte de Miranda Castro, con la intención de influir en los votantes a su favor durante las elecciones.
Ante estos hechos, Miguel Varela Pinedo ha pedido sanciones ejemplares, incluyendo la posible eliminación de la candidatura de Jorge Miranda.
Varela Pinedo expresó su indignación, afirmando que esta situación constituye una competencia injusta, ya que el exalcalde utiliza recursos públicos del ayuntamiento para promoverse.
Además, señaló que estos actos no son incidentes aislados, sino que forman parte de una serie de prácticas corruptas que caracterizan la administración municipal actual.
El equipo legal de Varela Pinedo ha presentado pruebas adicionales a la Fiscalía de Delitos Electorales, incluyendo fotos y videos que mostrarían el uso de vehículos y personal del ayuntamiento para iluminar espectaculares del candidato Jorge Miranda por la noche.
Varela Pinedo argumenta que estas acciones violan la Ley Electoral y distorsionan el juego democrático, donde deberían prevalecer las propuestas para el beneficio del municipio.
En medio de estas acusaciones, la sociedad zacatecana espera con atención las decisiones de las instancias electorales y judiciales, con la esperanza de que se asegure la transparencia y equidad en el proceso electoral, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia local.
