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Denuncia diputado a David Monreal ante la FEDE

Exije que se revise si los desvíos del Programa Crédito Ganadero a la Palabra, están siendo utilizados con fines electorales.
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ZACATECAS.-El diputado Omar Bazán Flores, Coordinador General de la Campaña de Claudia Anaya, denunció a David Monreal con el objetivo de aclarar los desvíos no solventados dentro del programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Dicho programa estaba a cargo del ahora candidato a la gubernatura, por lo que Omar Bazán lo denunció este sábado ante la Delegación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el estado de Zacatecas.

El objetivo es transparentar el uso del recurso de un programa que resultó ser “un fracaso” y determinar si este recurso se está usando durante el proceso electoral actual, dijo Bazán.

El documento en cuestión, sostiene que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se destinaron 4 mil millones de pesos al ejercicio del Programa Crédito Ganadero a la Palabra, sin embargo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se desviaron 284 millones de pesos.

Datos de la Auditoría de Cumplimiento Financiero 275-D de la ASF arrojaron que la Secretaría de Agricultura realizó la compra de ganado a empresas mercantiles sin la documentación apropiada, ni el personal o la infraestructura adecuada para llevar a cabo la entrega de los recursos a los beneficiarios.

Reportes en medios masivos de comunicación nacionales e internacionales, han señalado que los desvíos fueron hechos a través de adquisiciones de ganado simuladas y un padrón de 8,500 productores fantasma, cuya información no fue considerada por la ASF como confiable.

Esta desviación se detectó de manera particular en la Coordinación General de Ganadería, cuyo titular fue el C. David Monreal. Este coordinador, al renunciar al cargo, fue incapaz de comprobar el gasto de 103 millones de pesos destinados a la compra de animales que serían entregados en 14 entidades.

Una de las empresas señaladas por la autoridad fue Industrias AIG, localizada en Zacatecas, que recibió un contrato de 50 millones de pesos.

En la Auditoría de Desempeño, se encontró que no se identificó con precisión a la población objetivo; no se estimó el costo total del programa que representa la entrega de los apoyos otorgados y no se definió un mecanismo que asegure la obtención de información para la evaluación de la asignación y aplicación de los apoyos a los beneficiarios, ni se describieron los mecanismos de austeridad para asegurar que la administración de los recursos no fuera excesiva ni costosa, denunciaron los fiscalizadores.

El documento presentado ante la Fiscalía suscribe también que:

“Tampoco se indicaron mecanismos de coordinación entre dependencias y entidades para evitar la duplicidad de apoyos; no se definió la temporalidad en el otorgamiento de los apoyos y no se especificaron los mecanismos para la rendición de cuentas, que permitieran conocer la efectividad del programa”.

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