En un mundo ideal, la cantidad de dinero que gasta el mundo en investigación médica para prevenir o curar una enfermedad sería directamente proporcional a su gravedad y al número de personas que la sufren. En el mundo real, el 90% del dinero gastado con esos fines se centra en las dolencias que son responsables de sólo el 10% de las muertes e incapacidad física.

En otras palabras, las enfermedades que causan nueve décimas partes de lo que la OMS denomina "la carga mundial de la enfermedad" están recibiendo sólo una décima parte de los esfuerzos de investigación médica mundial: millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades para las cuales no hay nuevas drogas en proceso de desarrollo, mientras que las compañías farmacéuticas se inyectan miles de millones desarrollando curas para la disfunción eréctil y la calvicie.

Pero culpar a las compañías farmacéuticas es una manera demasiado fácil de ver las cosas. La industria farmacéutica no puede justificar gastos en el desarrollo de nuevos medicamentos a menos que puedan esperar recuperar sus costos a través de las ventas. Si se dirigen a enfermedades que afectan a personas acomodadas o que viven en países con seguro médico nacional, podrán patentar cualquier nuevo medicamento que descubran. Durante los 20 años que dura la patente, tendrán un monopolio sobre la venta de la droga y podrán obtener un alto precio.

Por otra parte, si las compañías farmacéuticas atienden enfermedades que afectan sólo a las personas que no pueden pagar los altos precios de los medicamentos, no pueden esperar cubrir sus costos de investigación, y mucho menos obtener ganancias. No importa cuánto sus directores deseen concentrarse en enfermedades que matan a la mayoría de las personas, el sistema actual de incentivos financieros significa que, si lo hicieran, sus accionistas los quitarían, o sus compañías pronto estarían fuera del negocio. Eso no ayudaría a nadie. El problema es con el sistema, no con los individuos que toman decisiones dentro del mismo.

Hace una década, dos científicos, uno, profesor de economía de la Universidad de Calgary, y el otro, profesor de filosofía y asuntos internacionales en Yale, lanzaron una propuesta radical para cambiar los incentivos en virtud de los cuales las empresas son recompensadas por el desarrollo de nuevos medicamentos. Sugerían que los gobiernos contribuyeran a un fondo para el impacto en la salud que pagaran a las compañías farmacéuticas en proporción a la medida en que sus productos reducen la carga mundial de enfermedad.

El fondo, de unos 6 mil millones de dólares anuales, no reemplazaría las leyes de patentes existentes, pero ofrecería una alternativa. Las compañías farmacéuticas podrían seguir vendiendo sus productos como siempre. Alternativamente, podrían registrar un nuevo medicamento con el fondo de impacto de salud, que establecería un precio bajo basado en el costo de fabricación del fármaco.

En lugar de beneficiarse de las ventas a precios altos, la corporación sería elegible para una parte de todos los pagos realizados por el fondo durante la siguiente década. El tamaño de la participación se calcularía mediante la evaluación de la contribución de la droga sobre la reducción de la muerte y la discapacidad.

La belleza del esquema es que se basa en la idea de que todas las vidas humanas son de igual valor. Teóricamente, las corporaciones obtendrían la misma recompensa por salvar las vidas de los chiapanecos que viven en la pobreza extrema como lo harían por salvar las vidas de los ciudadanos ricos de las naciones ricas.

Después de 10 años, nada ha sucedido.

Imagen Zacatecas – Antonio Sánchez González