Conversando el sábado anterior con mi amigo y exlíder nacional José Ramón Martel, coincidimos en que uno de los temas más recurrentes que son motivo de reclamo de todos los sectores de la sociedad, hacia el Gobierno, es el de la corrupción y la impunidad en nuestro país, que lacera a los órganos del poder tanto de los tres poderes como de los tres ámbitos del poder.
Comentamos que lamentablemente, tres de cada cuatro personas asocian la palabra “corrupción” con los políticos, los jueces y la policía y en consecuencia, quien aspire a gobernar nuestra nación a partir del 2018, solo ganará si es poseedor de un prestigio intachable de honestidad y de experiencia a la vez, que permita que la sociedad reconsidere en su percepción de estos actores.
A efecto de convencer y de vencer en el proceso electoral, deberá diseñar, explicar y en su caso poner en operación; por una parte, un nuevo sistema de control y cuidado de los recursos públicos, en el que involucre a los diversos sectores sociales y evite la conformación de órganos de revisión con cuotas partidistas. Un organismo autónomo e independiente de aquellos a quienes va a revisar, pues mientras no exista imparcialidad en el órgano revisor, no habrá confianza en sus acciones ni en sus dictámenes.
También deberá estar decidido o decidida a aplicar firmemente la ley, que deberá ser instrumentada de tal manera que desaliente a los aventureros o aventureras del poder que solo buscan beneficiarse sin importarles las necesidades de la población. Los actos de corrupción no solo causan un daño irreversible a la calidad de vida de los mexicanos; también lesionan a las instituciones nacionales y dañan severamente el prestigio de la República, ubicando a México entre los países más corruptos del mundo, como si todos los mexicanos lo fuéramos.
Quienes así actúan, no solo traicionan los principios de sus familias y de su entorno; también traicionan a la nación entera, que injustamente tiene que cargar con el descrédito de sus acciones y por ello deben ser señalados como “traidores a la patria”, pues no merecen otro calificativo.
¡Los corruptos deben pagar ! y no solo es que se les impongan sanciones administrativas o privativas de libertad para que no sigan por ahí corrompiendo y causando daños. Debemos por todos los medios, hacer que restituyan al gobierno y a la sociedad, lo que a éstos le quitaron o el daño que le causaron. 

Imagen Zacatecas – Jaime Santoyo Castro