La responsabilidad de la oposición

Las mayorías deben de sustentar con argumentos la razonabilidad de sus propuestas, mas allá de simplemente esgrimir el resultado de la reciente votación, pues si la votación se convierte en el único respaldo de toda acción de este gobierno, a los lados del camino de la República seguiremos viendo maleza, descuido, divisiones y enconos, y a nadie le conviene eso. En el fondo de cada programa, propuesta y decisión, el objetivo debe ser la atención a los problemas de todos los mexicanos sin distingos.

Ya pasamos la etapa de campaña, en la que es válido, golpear, disentir, advertir, incentivar pasiones y calentar cabezas. Cada quien hizo lo que pudo o lo que quiso. Ahora conduce la República; por primera vez en la historia una mujer; a la que se le confiaron los bienes de la nación para que los administre en beneficio general. El que gobierne una mujer es, sin lugar a dudas, una gran oportunidad, pues abre la esperanza de una vida más digna para las mujeres de México, y creo que, si gobierna con mesura, propiciará la implementación de políticas públicas responsables, con más sentido social en favor de todos los sectores, y con el  propósito de unir a todos los mexicanos en pos de la paz, de la seguridad, de la protección de la salud, de los derechos humanos, de la familia, del empleo, de la educación y del desarrollo en general.

La responsabilidad de todo su equipo de gobierno estriba esencialmente en cuidar que prevalezca el estado de derecho, así como en proteger las instituciones y los principios fundamentales que los mexicanos consagramos en la Constitución de libertad, democracia, justicia, derechos humanos, autonomía y separación de poderes, conjuntando esfuerzos para impulsar el desarrollo, con una actitud de diálogo franco, respetuoso y fructifero para el bienestar de México, y desde luego, emprendiendo los cambios que; despojados de caprichos o de venganzas, acrediten a todas luces que son para el bien de todos. Como dice el cántico aquel que nos enseñaron en la primaria: “Y destruye si es preciso para construirlo mejor.”

Pero por otro lado tenemos a la oposición, no sólo a la que está representada en los partidos políticos que no forman parte de la alianza ganadora; sino a muchos sectores sociales a los que nos preocupa el futuro de nuestra nación, que también tenemos la responsabilidad de emitir nuestras opiniones, de disentir,  de pedir argumentos que nos expliquen las propuestas, porque no se trata sólo de nosootros, sino de la vida futura de la República.

Los partidos políticos tienen que dar la batalla de las ideas, no sólo en la tribuna; tienen que reunir a sus mejores elementos para que, previa convocatoria a todos los sectores sociales, se exprese con profundidad el sentido y orientación de la reforma judicial y de la llamada “supremacía constitucional”, en la que se le niega al poder judicial la facultad de revisar las reformas constitucionales para dejar como un supremo poder conservador al Poder Legislativo, pero hasta ahora no lo hemos visto. Se han dejado solos y aislados luchando a los Jueces, Magistrados y Ministros de la Corte como si fuera sólo su causa, olvidando que la justicia es la causa de todos los mexicanos.

La oposición debe centrarse en la defensa de los valores fundamentales que definen la identidad y los derechos básicos de la nación. Esto incluye la preservación de los derechos humanos, la separación de poderes, la independencia judicial y otros principios constitucionales esenciales y para ello debe fomentar el debate público y asegurar que cualquier cambio constitucional se realice de manera abierta y transparente, permitiendo que la ciudadanía esté informada y tenga la oportunidad de expresar su opinión.

Como contrapeso, la oposición representa a sectores de la sociedad que pueden no estar de acuerdo con los cambios propuestos por la mayoría, asegurando que las decisiones no se tomen unilateralmente ni ignoren a los sectores minoritarios. Corresponde así a la oposición asumir responsablemente actuar como un sistema de control del poder, garantizando que cualquier cambio constitucional no viole derechos fundamentales ni concentre el poder de manera antidemocrática.

En última instancia, la oposición tiene el deber de utilizar todas las herramientas legales y mecanismos democráticos disponibles, como lo son la consulta pública y el referéndum, así como la interposición de recursos ante tribunales o la movilización ciudadana, para frenar o modificar reformas que puedan ser perjudiciales para el tejido democrático del país.

Esta responsabilidad no solo implica estar en desacuerdo, sino ofrecer alternativas constructivas y defender el estado de derecho y los principios constitucionales que protegen la integridad y continuidad de la nación.