El INE debe reformarse

Jairo Mendoza.
Jairo Mendoza.

“La reforma no pretende la desaparición del INE como muchos de estos actores argumentan”.

Desde hace algunas semanas, comenzó el debate en las cámaras legislativas y en la sociedad en general sobre la reforma electoral, la cual pretende modificaciones importantes hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por un lado, se modificaría la representación de los legisladores plurinominales del país al reducir el número de senadores, diputados federales y locales, además de los cabildos municipales; por otro lado, se modificaría la manera de elegir a los responsables de organizar y conducir los procesos electorales mediante la propuesta de un proceso democrático, desechando la negociación entre bancadas en el Congreso que es como se eligen actualmente; también se pretende eliminar el financiamiento público hacia los partidos políticos, excepto aquel que se utilice para hacer campañas electorales.

Según una encuesta promovida por el propio INE y realizada por tres empresas privadas entre el 9 y 10 de septiembre, el 93 % de los mexicanos está a favor en que se debe reducir el presupuesto público asignado a los partidos políticos; así mismo, el 87 % de los encuestados está de acuerdo en disminuir el número de legisladores plurinominales; también, el 74 % coincide en que se debería de destinar menos dinero al INE; y finalmente, 8 de cada 10 mexicanos está a favor en que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto directo de la ciudadanía, como lo ha planteado el presidente desde marzo de 2022. Sólo por dar algunos datos.

Bajo este panorama, me parece correcta la intención de los legisladores federales que apoyan esta iniciativa, ¿Por qué?, para empezar, es innecesario tener tantos legisladores plurinominales que al final de cuentas, muchos de ellos, poco o nada aportan a sus respectivos estados. En segunda, me parece muy injusto que, a la fecha, sigan existiendo servidores públicos que ganen más que el presidente de la república, y peor aún, que se sientan vitalicios e intocables, considerando que estos servidores públicos son los que se encargan de la organización, el desarrollo y la defensa de los procesos electorales del país.

¿Por qué le temen a la propuesta de esta reforma?, porque simple y sencillamente sus intereses personales serian lastimados, ya que, con la puesta en marcha de esta reforma, los consejeros serían designados por elección popular, es decir, muy similar a muchas de las elecciones que ellos organizan. Suena hasta paradójico que la institución de brindar democracia no quiera democracia al interior.

Hay muchos actores políticos que están llamando a la población a una movilización generalizada en diversas partes del país “en defensa del INE”, como así la denominaron, pero, ¿realmente a quién quieren engañar?, la reforma no pretende la desaparición del INE como muchos de estos actores argumentan, sino que, al contrario, pretende de dotar a esta institución de mayores herramientas para que también se encargue de la organización de las consultas ciudadanas, reducir la innecesaria burocracia, democratizar sus procesos internos y disminuir el número de consejeros generales del instituto, de 11 a 7. Prácticamente se propone lo mismo para el TEPJF, al buscar que los tribunales locales sean eliminados para que sus tareas sean absorbidas por un solo órgano jurisdiccional nacional.

El INE tiene que reformarse y democratizarse sí o sí; no puede ser posible que en pleno siglo XXI existan instituciones que se aferren a funcionar con mecanismos arcaicos, ortodoxos y tan alejados de su propio fin, que es el de generar justamente una verdadera democracia.




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