Debo decirlo…

Solo resta esperar la actuación del Poder Judicial del Estado, que debe hacer valer su autonomía respecto de los otros poderes.

Los acontecimientos de los últimos días, que han conmovido no solo a la clase política, sino a la ciudadanía en general de nuestro estado y que incluso fue noticia nacional, dejan muchos mensajes que debemos de destacar.

Por un lado, la postura firme y autónoma de un fiscal que sin duda responde a las exigencias de la sociedad y a la institución que representa y que había sido cuestionada por su falta de actuación en actos delictivos que han conmovido a los zacatecanos, pues sin duda, que su determinación de judicializar este penoso asunto, le posiciona como un ente confiable e incorruptible en la procuración de la justicia, todo ello, se tendrá que ver reflejado en el desarrollo del proceso penal, donde sabremos la solidez y eficacia de la carpeta de investigación que dio sustento a su determinación.

Por otro lado, el cumplimiento de una promesa hecha por el Ejecutivo del Estado de cero impunidad, con el propósito de contribuir a esclarecer y combatir los altos niveles de inseguridad que se tienen sobre nuestro estado, en un discurso que aún tiene varias asignaturas pendientes por cumplir. Sin embargo, su posición, no pública, pero políticamente entendida igualmente reivindica su convicción y genera confianza en la ciudadanía al no permitir que ningún ente de su gobierno intervenga o vulnere la autonomía de la fiscalía y del congreso del estado permitiendo con ello, una libre decisión de estos órganos soberanos sobre tan escandaloso asunto.

De igual forma, es pertinente destacar la actuación del poder legislativo, en donde sin duda alguna, las distintas fuerzas políticas que lo integran están asumiendo una nueva cultura política en su actuación, pues lejos de politizar los lamentables acontecimientos, han asumido una posición institucional y soberana fundando su actuación en un principio básico de cero impunidad y sobre todo respetando los principio elementales que establece la Constitución Política de nuestro País, la de presunción de inocencia y respeto procesal al juicio de procedencia y desafuero que les fue encomendado.

Ahora solo resta esperar la actuación del Poder Judicial del Estado, que debe hacer valer su autonomía respecto de los otros poderes, resolviendo con imparcialidad, objetividad, honestidad, justicia plena y respeto de los derechos humanos de los involucrados.

Todo esto, en un marco de soberanía republicana, civilidad democrática y sobre todo de justicia.
Sin duda, que ello contribuirá a la concientización de la clase política y de la ciudadanía en general, en el sentido que se estará iniciando una nueva fase en la vida pública, que reclama; justicia con cero impunidad, cero corrupción caiga, quien caiga.

Estos, podrían ser los mensajes que debemos de interpretar y entender de cada uno de los poderes y órganos autónomos del Estado en función de sus respectivas atribuciones y con ello, que comiencen a operar de manera cotidiana y permanente por un mejor Estado de Derecho.

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